Una nueva fiscalía para atender a los más vulnerables

Aunque suene romántico, la creación de la primera y por ahora única fiscalía especializada en la Justicia provincial fue un acto de afecto, compromiso y entrega, en este caso, a las causas de personas en estado de suma vulnerabilidad. El nombre de la nueva repartición es largo, “Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores”, pero deja bien expresado a quiénes está dirigida: a sectores de la sociedad particularmente frágiles y que por su condición son un blanco mayor de ciertos tipos de delitos. A apenas dos semanas de su puesta en funcionamiento, El Diario de la República habló con su responsable y sus integrantes, que continúan capacitándose y confían en marcar una diferencia.

El procurador general de la provincia, Luis Martínez, publicó el decreto de creación de la nueva fiscalía el pasado lunes 4 de diciembre. Hasta ese momento, en la Primera Circunscripción Judicial había cuatro fiscalías de Instrucción y María del Valle Durán estaba a cargo de la número 4, pero con la reforma de la Ley Orgánica de administración de Justicia dejó de existir y se convirtió en la primera Fiscalía de Género, como fue presentada.

Pero acotar el nombre real no debe inducir a un error conceptual, explicó Durán. “Esta no es una Fiscalía de Género solo para los casos de violencia de género, sino que es mucho más amplia. Le decimos de género para acortarla, pero en realidad es una fiscalía para víctimas vulnerables que engloba, por ejemplo, a todos los delitos contra la integridad sexual cualquiera sea la víctima, pueden ser hombres, o niños varones y no exclusivamente mujeres”. “La importancia de esta nueva Fiscalía de Instrucción Penal es justamente la especialización en delitos donde la víctima es especialmente vulnerable”.

Para pasar en limpio: la nueva repartición investigará todos los delitos contra la integridad sexual cualquiera sea la víctima; también los cometidos por cualquier persona contra algún integrante del grupo familiar, sean consanguíneos, dentro del matrimonio, en una unión de hecho, entre no convivientes, pero que hayan mantenido una relación previa, contra ascendientes o descendientes; delitos contra la vida o la libertad individual cuyas víctimas sean niños, adolescentes o adultos mayores en situación vulnerable; delitos contra la vida, la integridad sexual o la libertad individual cometidos con violencia de género; delitos de desobediencia a una orden judicial en casos de violencia de género; y otros dos sumamente particulares: el incumplimiento de deberes de asistencia familiar y de impedimento de contacto.

Para diferenciar

Evaluar si existe una situación de vulnerabilidad y el contexto en el que ocurrió el delito son condiciones exclusivas para diferenciar qué casos serán competencia de la Fiscalía de Género. Por ejemplo: si un adulto mayor es víctima de un robo en la calle, ya sea dinero o alguna otra pertenencia, su edad en sí no determina que el hecho vaya a ser investigado por Durán, sino que la investigación tendrá curso en una Fiscalía de Instrucción común. Pero si esa misma persona sufre de abandono, violencia familiar o externa o es desprovisto de alguno de sus bienes y/o derechos por parte de alguien que se aprovecha de su situación su caso sí será plausible de tratamiento en la nueva repartición.

Igual sucede con los otros grupos. En el caso de la comunidad LGBTQ+, por ejemplo, el delito que haya sufrido la víctima debe estar atravesado por alguna cuestión que lo afecte directamente por su condición de disidencia sexual, como los delitos de odio a la expresión sexual al género. O en el caso exclusivo de las mujeres, estar atravesado por un contexto de violencia de género.

“Vamos a estar muy relacionados con el fuero de los juzgados de Familia porque todas estas víctimas a las que hice referencia tienen algún contexto de violencia familiar o alguna problemática familiar. Entonces, seguramente va a haber un expediente que lleve las medidas tutelares en el juzgado de Familia pertinente y la fiscalía solo va a investigar el delito penal”, detalló Durán.

Quiénes pueden denunciar y dónde

Cualquier familiar, amigo, allegado, conocido, acompañante, compañero o vecino de un abuelo, niño, adolescente, mujer o miembro de la comunidad LGBTQ+ que advierta un delito como los descriptos anteriormente puede hacer una denuncia.

Los canales disponibles son varios. El central es la propia Fiscalía de Género, cita en el primer piso del edificio anexo del Poder Judicial de la capital, sobre calle Rivadavia. También puede ser a través de la oficina de recepción de denuncias de mesa de entrada de los tribunales o a través del sitio midenuncia.justiciasanluis.gov.ar que pertenece al sistema judicial y permite hacer denuncias web y muestra un mapa provincial completo con contactos y oficinas de recepción en todo el territorio puntano.

En caso de que el denunciante o la víctima acudan a una comisaría, a un Juzgado de Familia o a una Fiscalía de Instrucción General, serán esas oficinas las que les remitan las actuaciones a Durán y su equipo.

Hay equipo

Que al comienzo de esta nota haya mencionado las palabras afecto, compromiso y entrega no fue casualidad. Los miembros de la nueva fiscalía “no han sido elegidos al azar, sino por sus condiciones y el compromiso que tienen con este nuevo desafío”, comentó la funcionaria judicial.

“Lo beneficioso de la especialización de las fiscalías es dar una respuesta más rápida, tener un personal capacitado y comprometido con este tipo de causas y que se va capacitando cada vez más para mejorar el servicio al justiciable”, opinó, y comentó que el personal comenzó su formación hace varias semanas y que días pasados sumaron conocimientos específicos del área forense e informática.

A la fecha acompañan a Durán las fiscales adjuntas Antonella Romagnoli y Claudia Heit; también Liliana Díaz; Daniela Espinoza; Liliana Montesano; Romina Velázquez; y Sebastián Cinquemani. Y está prevista la incorporación de otras dos personas.

Díaz, por ejemplo, ya formaba parte de la Fiscalía de Instrucción 4 y se capacitó para hacer su aporte y tratar de manera casi exclusiva los casos de abuso sexual. Cinquemani es parte de la comunidad LGBTQ+ y está motivado a atender los conflictos de ese sector.

“Creemos que el quid de esto es apuntar al derecho de toda persona a vivir libre de la violencia en cualquiera de sus formas”; “Se necesita trabajar con perspectiva de género para obtener fallos que eduquen a la sociedad y apunten a erradicar la violencia”; “Especializarnos también va a ayudarnos a poner claro sobre oscuro en un campo quizás indefinido y que con ello se garantice el acceso a la Justicia para la víctima”. Fueron algunos de los comentarios del grupo, que hasta bromeó con ser la primera fiscalía en su tipo en San Luis y su pretensión de “hacer historia”.

Un equipo de mujeres que trabaja 24 horas

Tanto la fiscal como el procurador destacaron el trabajo que 19 mujeres realizan en la recepción de denuncias gracias a un convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad. Martínez comentó que, desde la creación del sitio Mi Denuncia, las exposiciones por casos de violencia y maltrato crecieron exponencialmente, lo que generó un problema en la inmediatez de las respuestas.

“Había demoras quizás de tres días para poder revisar y registrar correos electrónicos, por ejemplo, por lo que se pensó en un ciclo de atención de 24 horas. En el camino encontramos a este grupo de 19 chicas que no tiene jerarquía policial, que son civiles, pero que estaban en distintos planes sociales y prestaban servicios administrativos en comisarías. Entonces pensamos junto al ministro de Seguridad incluir a esas chicas, formarlas y capacitarlas para que tengan la oportunidad de hacer un trabajo distinto y sentir que están haciendo algo por niños, mujeres y adultos mayores desde una perspectiva distinta”.

Loable es que “ciudadanas comunes se comprometieron con la problemática y están ahí siempre, dándole la mano a una mujer o persona anónima que está escribiéndoles por correo pidiendo ayuda”.