Malestar en la Policía por persecución y el arribo de Gendarmería Nacional

Mientras el gobernador Claudio Poggi se reunía con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para finiquitar los pasos previos a la instalación de Gendarmería en la provincia, en la Policía de San Luis crece la preocupación por los efectos del decreto 150-SGG-2023 que habilita a reasignar personal y al retiro "no voluntario" de otros.

Los más afectados por las nuevas normativas son los funcionarios policiales de la anterior gestión que no tienen la antigüedad para retirarse y sufrirán un gran perjuicio económico. Comenzaron a recibir llamados intimidatorios para que se aparten de la institución. "O te retirás voluntariamente o te retiramos nosotros": así de directo fue el ultimátum que una de las más altas autoridades policiales le hizo a varios de sus camaradas.

La indignación se sustenta en varios motivos, pero en el fondo no hay dudas de que se trata de una persecución, ya que quienes están en el ojo de la tormenta no cuentan con los años de servicio para cumplir con lo que establece la Ley Orgánica de la Policía. En otros casos, están aquellos que ascendieron de manera extraordinaria y ahora no solo quieren dar marcha atrás con los ascensos, sino que los quieren dejar afuera.

"Lo que están haciendo es algo inconstitucional", dijo uno de los perjudicados, porque para acceder al retiro obligatorio deben cumplir 30 años de antigüedad o haber cometido una falta grave. "Con esta ley te obligan, es persecución y a su vez irónico", dijo la fuente.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Diario, en la nueva conformación de la plana mayor aparecen jefes de dependencia que no reúnen la jerarquía mínima para ocupar esos cargos de conducción y que, para cumplir con la ley que regula el funcionamiento de la entidad, deben ser comisarios inspectores. Por eso, se descuenta que serán objeto de ascensos extraordinarios.

Incluso generó revuelo interno la designación de oficiales que, por diferentes motivos, desde hace años ni siquiera pisaron una comisaría y han estado cobrando en la comodidad de su casa. En este contexto, otro de los nombramientos que cayó mal fue el de un comisario que había protagonizado un robo en el supermercado Aiello y ahora está a cargo de un área clave en la Jefatura de Policía.

Otro foco de preocupación y recelo también está incluido en el decreto que firmó Poggi; fue publicado a comienzos de semana y autoriza al desembarco de fuerzas federales. En este caso, el objetivo del Gobernador es sumar a Gendarmería, que fue creada para controlar las fronteras nacionales. Pero después, fue mutando para controlar las rutas nacionales y ahora hace trabajos de inteligencia.

Preocupación de egresados

A estas situaciones se le suma la intranquilidad que ha invadido a unos 290 flamantes egresados del Instituto de Seguridad Pública que habían sido incorporados a la Policía Ciudadana, que los hicieron regresar a la academia con el pretexto de una capacitación, pero el temor es que le anulen el contrato ya firmado.

Silencio obligatorio

En los diferentes grupos de periodistas empezó a circular con fuerza el malestar por una especie de mordaza que la nueva gestión del Ejecutivo provincial ha impuesto sobre todos los referentes y jefes de comisarías. No solo que ya desapareció el parte de prensa de cada unidad, incluso el de Relaciones Policiales, sino que también los comisarios no hablan sin previa autorización y el secretario de Comunicación, Diego Masci, ha asumido el rol de jefe de Policía. Ante la queja de los periodistas por la "desaparición" de la información policial, Masci, a través de un grupo de WhatsApp llamado "Prensa institucional", respondió: "Hasta tanto tengamos un canal de información oficial de la Policía de la Provincia, estaremos utilizando esta vía para distribuir la información", que por cierto es inexistente.