Ya es ley la nueva escala salarial para los judiciales

Diputados aprobó, con 25 votos del peronismo y el radicalismo, la ley de escala salarial para el Poder Judicial, que implica una serie de beneficios para los empleados de todas las categorías. El proyecto ya había sido aprobado el mes pasado en el Senado, por lo que la propuesta ya se convirtió en Ley. La oposición representada en los bloques Unidos por San Luis, Todos Unidos y Sanluiseños por el Cambio abandonó el recinto y no acompañó la votación.

La diputada del Frente Unidad Justicialista, Anabela Lucero, fue la encargada de detallar lo determinado en el despacho por mayoría de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía que aconsejaba la aprobación del proyecto. “Esta escala contribuye a ordenar el sistema salarial y a unificar los ítems de acuerdo a la categoría. A su vez, permitirá evitar el solapamiento de los cargos superiores y la poca diferencia de cargos inferiores, y generará un fomento a la carrera judicial”, resumió la legisladora.

Lucero también remarcó que con la escala se garantiza un piso que toma como base el valor de la canasta básica, lo que beneficiará directamente a cerca de 350 empleados en la actualidad. A su vez, recordó que hay un "techo" salarial, ya que un miembro del Superior Tribunal nunca podrá cobrar más que el Gobernador, ya que así lo establece la Constitución Provincial.

“Hay que reconocer que nuestros trabajadores protegen y defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos”, apuntó la legisladora, quien destacó la colaboración del Sindicato de Judiciales Puntanos y de los colegios de magistrados en la comisión que analizó y trabajó el proyecto durante un año, y que fue propuesto por el Superior Tribunal de Justicia.

La norma también detalla algunos porcentajes de adicionales a los salarios de los empleados. En primer lugar, habrá un plus del 2% por antigüedad, por cada año de servicio, con un tope de treinta años y un límite del 24,42% del sueldo básico del presidente del Superior Tribunal de Justicia.

A su vez, habrá adicionales por el grado de educación que haya alcanzado el trabajador. Si cuenta con un título universitario igual o mayor de 4 años, inherente a la función judicial, tendrá un 25% del sueldo básico de revista (Clase A). Si tiene un título universitario igual a 2 o 3 años, o superiores no universitarios, el porcentaje será del 20% (Clase B) y si cuenta con el nivel secundario, será de un 17, 50% (Clase C). Por último, si el empleado realizó un posgrado inherente a la función judicial tendrá un adicional del 25% (Clase D).

Hay otro adicional en concepto de Responsabilidad Funcional que refiere a “motivar al personal a prestar un mejor servicio y reconocer el mismo”, según explicó Lucero, y que tendrá en cuenta variables como la asistencia y la puntualidad. Aquí se excluirá a los funcionarios y el adicional será del 15%.

“Es un acto de justicia social para nuestros trabajadores judiciales; así lo dicta la doctrina peronista. Cuando hablamos de una justicia eficiente y eficaz, no podemos dejar de ver la remuneración que es la dignidad de los empleados judiciales”, apuntó Gloria Petrino, presidenta del bloque del PJ, para adelantar el voto a favor de su espacio.

La oposición no lo votó

La oposición, por su parte, marcó que si bien estaban de acuerdo con el beneficio que traerá al personal judicial la nueva escala, justificó que no acompañarían el proyecto, al marcar que no sabían de dónde saldrían los fondos y dijeron que se podrían comprometer las finanzas.

“Tenemos que ser realistas en el contexto en el cual nos encontramos y se encuentra la provincia. Nuestro análisis arroja un déficit y eso hace que nosotros, al ser gobierno electo, debamos ser prudentes, responsables con la asignación de fondos públicos”, justificó Gastón Hissa, quien preside el bloque Unidos por San Luis. En el mismo sentido, se expresaron las presidentas de los bloques Berta Arenas, de Todos Unidos, y Verónica Causi, de Sanluiseños por el Cambio.

Si bien el radicalismo expresó cuestionamientos similares, votó a favor, proponiendo el origen puntual de los fondos para costear los salarios, moción que fue rechazada. Los tres bloques opositores restantes solicitaron la abstención, pero el cuerpo de Diputados no la aprobó y ante esta situación, se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto.

“Ellos cambiaron de posición. Antes de las elecciones, en el Senado, votaron a favor. Se habla de responsabilidad y prudencia, pero si fuera por la oposición no hubiéramos podido aumentar los impuestos, negándole esta herramienta al Ejecutivo, ni tendríamos Ley de Ministerios. Tienen el discurso de la responsabilidad y la prudencia cuando por cuatro años fueron irresponsables”, cuestionó Federico Berardo, del peronismo.

“No van a venir cuatro, cinco oportunistas a cambiar lo que hizo la Provincia. No está dentro de sus preocupaciones, no les es importante cómo se trata a los empleados y magistrados. Abstenerse es renunciar a votar. No votar es no reconocer ni aceptar la Constitución, las leyes de San Luis, la autonomía del Poder Judicial, y se ha buscado un pretexto bastante débil para poder justificarlo”, criticó Petrino.