Rehenes de la especulación y la desconsideración

Existen posturas diferenciadas sobre la contratación al Estado de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Algunos favorecen esta acción como lógica recompensa a años de trabajos en distintos organismos y otros la rechazan de pleno. Las opiniones son variadas y eso no debe sorprender en una democracia. Pero lo que sí resulta inadmisible es el ocultamiento que algunos legisladores ensayan en relación a este tema.

Esta semana, el Senado provincial aprobó la modificación del Artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2023, un cambio que abre la posibilidad para que el Estado pueda realizar las contrataciones. Esto podría beneficiar a miles de personas cuya mayor estabilidad y mejoramiento en sus ingresos serviría de mucho en un contexto económico difícil.

La iniciativa intentó ser tratada este miércoles en la Cámara baja, pero no hubo quórum principalmente por el rechazo manifestado por los legisladores de la oposición. Esta posición ha generado gran preocupación, no solo entre los beneficiarios, que han iniciado un acampe a las afueras del Congreso provincial, sino también en muchos diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, dijo que estas acciones demuestran una elevada especulación política y que lo único que se logra con estas jugadas es que no se pueda contratar a los beneficiarios. Subrayó que todos los legisladores tienen la “obligación de trabajar” y hasta no descartó la aplicación de sanciones para que se cumpla con el reglamento.

“Lo de la oposición fue especulación política para no votar la modificación del presupuesto. No pensaron en la gente”, coincidió Federico Berardo, diputado provincial del Partido Justicialista.

Los beneficiarios de Inclusión, rehenes de la desconsideración de algunos legisladores.