Presentaron un amparo en la Justicia por los policías despedidos

El representante de siete de los ocho efectivos policiales desafectados por  decisión del gobernador Claudio Poggi presentó el lunes un amparo en el Poder Judicial debido a la inconstitucionalidad del Decreto 150/23, a partir del cual los trabajadores de la fuerza pasaron a retiro obligatorio. Los agentes no habían aceptado "sugerencias" para el apartamiento voluntario.

La justificación de la medida es que a estos policías (entre los que hay comisarios generales, comisarios mayores y un suboficial mayor) se les otorgó ascensos extraordinarios, cuando no hubo un acto "destacado" de servicio que lo motivara. En el Ejecutivo dijeron que "este tipo de disposiciones afectan notoriamente la seguridad jurídica e institucional de la Provincia". Sin embargo, muchos creen que se trata de una "caza de brujas" que obedece a otros motivos y en un contexto de desconfianza con la fuerza.

“El gobierno provincial, como es de público conocimiento, promulgó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estableció una serie de medidas en varios aspectos del funcionamiento de la administración pública y entre ellas se autoatribuyó la facultad de pasar a retiro obligatorio, cambiar de destino o declarar la prescindibilidad de algunos efectivos policiales”, explicó el abogado de los agentes, Alejandro Miranda.

Inconstitucional

Para presentar el amparo analizaron la Constitución Nacional y Provincial, y las leyes que regulan en materia orgánica y funcional a la Policía. El Gobernador toma facultades y deja de lado los otros dos poderes del Estado. “Arribamos a la conclusión de que es absolutamente inconstitucional ese DNU. Entonces se planteó esto a la Justicia y también la de los dos decretos a través de los cuales pasaron a retiro obligatorio a los policías que represento”, indicó.

El abogado indicó que en el Artículo 29 del decreto, Poggi se  extralimita en sus atribuciones.  “De ninguna manera el Gobernador tiene la facultad de dictar una norma que se coloque jerárquicamente por encima de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Provincia y las leyes provinciales que regulan en materia policial. El mismo Gobernador, en un acto de falta de fundamentación jurídica por desconocimiento del derecho de quienes lo asesoran, reconoce en ese decreto que él estaría facultado para dictar reglamentos de necesidad y urgencia. Evidentemente, perdieron de vista que un reglamento propiamente dicho no puede por su entidad reguladora colocarse por encima de la Constitución Nacional y otras legislaciones. Esto en derecho es uno más uno”, explicó Miranda.

Además, dijo que el Ejecutivo no puede afectar los derechos y garantías fundamentales y atribuirse el poder de legislar. “Por el otro lado, citan en ese decreto jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no es aplicable a esta situación. Se podrían dictar en caso de emergencia normas que sirvan para regularizar esa crisis por la que está atravesando el país, pero de ninguna manera se pueden afectar derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, y es lo que está haciendo el Gobernador con este decreto”, explicó.

“Si uno se pone a analizar finamente la cuestión, no puede arribar a otra conclusión que no sea la de que Poggi hace desaparecer en la Provincia el sistema representativo y republicano de gobierno, desaparecen los poderes porque él por un año se atribuye la facultad de legislar, de decidir en materia que correspondería hacerlo al Poder Legislativo”.

El abogado indicó que la acción      también afecta al Poder Judicial. “Saca un decreto que a partir de ahora impera como norma máxima en la Provincia, entonces, ¿dónde queda el sistema jurídico nacional y provincial para que los jueces del Poder Judicial puedan actuar correctamente?. Desaparecen el órgano legislativo, el judicial y queda como suprema y única autoridad el gobernador Poggi por todo lo que él decida”, manifestó.

Excepcionalidad

Miranda dijo que el retiro obligatorio es una excepcionalidad para resolver la situación de revista de un efectivo de la Policía. “La ley prevé expresamente los casos en que puede ser pasado a situación de retiro obligatorio, pero es una cuestión que debe acreditarse previa actuación administrativa donde se compruebe ese presupuesto que permita pasar al efectivo a retiro obligatorio. No es que el Gobernador cuando él quiera, como él quiera y como se le ocurra va a pasar a retiro obligatorio porque así como ha tomado la decisión de los policías que represento, es una cesantía encubierta”, expresó.

Sobre la "sugerencia" de pasar a retiro voluntario, el abogado indicó: “Estas medidas se tomaron con autoritarismo. La ministra de Seguridad (Nancy Sosa) reconoció públicamente que se les sugirió a los empleados que pasen el retiro voluntario, porque si no iban a ser pasados a retiro obligatorio. ¿Dónde se ha visto que se sugiere a alguien que se vaya de la institución? Esa sugerencia es una coacción en contra del personal”.

El letrado dijo que fue una estrategia a través de la cual intimidaron a la gente para que pase a retiro voluntario, porque si no sería obligatorio. “Consiguieron que se fueran muchos efectivos. Se vieron atemorizados”, indicó.

Un grave perjuicio

Miranda explicó que al pasar al retiro voluntario los efectivos firman un acuerdo con el Estado que es aprobado a nivel provincial a través del cual les continúan pagando hasta que Anses aprueba el trámite y le liquidan. “Nunca dejan de cobrar, no dejan de tener mutual, entonces económicamente no es tan grande el perjuicio, salvo después porque al final hay un porcentaje de sueldo que van a dejar de percibir porque no tienen los años para el tope del haber. Sin embargo, los que pasan a retiro obligatorio, acá está el castigo para ellos, dejan de tener mutual, no les permiten firmar ese convenio, van a quedar absolutamente desamparados por más de un año hasta que termine el trámite de retiro y les liquiden el haber. El porcentaje que van a cobrar es prácticamente, en algunos casos, la mitad del sueldo. Es gravísima la situación, los perjuicios son graves”, explicó.

El letrado indicó que podría haber novedades por la medida dentro de quince días o un mes.