El Superior Tribunal falló a favor del juez de Faltas de Juana Koslay

Los impulsos incontrolables del intendente de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, encontraron un freno. Sus bríos de potro desbocado llegaron a su fin. Al menos contra otras instituciones autónomas.

Así lo determinó nada menos que el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el juez de Faltas Municipal de la “Ciudad Verde”, Mauricio Mauro, quien denunció un conflicto de poderes impulsado por el ahora pupilo del gobernador Poggi, quien, con diversas acciones, había avasallado los ámbitos, bienes y quehaceres del órgano punitivo de ese distrito.

En su fallo, el máximo cuerpo judicial de la provincia decidió por unanimidad que existía un conflicto de poderes entre ambas administraciones y por eso determinó una batería de acciones que Videla deberá cumplir a rajatabla, salvo que quiera recibir severos castigos económicos —que pagará con los impuestos de los koslayenses— y alguna sanción judicial.

El conflicto entre Mauro y el calecitero “Toti” Videla comenzó cuando el intendente decidió mandar a su casa a dos empleados que se desempeñaban en las oficinas del Juzgado de Faltas a las órdenes de Mauro.

No conforme con eso, congeló el salario del juez y para peor, le quitó la motocicleta 110 cc que un empleado del Juzgado —luego sancionado por Videla— utilizaba para llevar las notificaciones en papel a los infractores.

Fue entonces cuando Mauro decidió denunciar ante la Justicia al intendente. Pero a Videla eso no le importó: redujo al máximo el presupuesto del Juzgado de Faltas y tras eso, modificó ordenanzas para, según afirmó Mauro, “avasallar la institución, anularla y embestir en contra de la autonomía”. Sin acotar además que su salario había quedado reducido a $160.000.

Mauro denunció también a Eugenia Duarte, una funcionaria que designó el propio Videla para que trabajara como secretaria en el Juzgado. Al principio todo fue cordial, pero luego la relación se tornó hostil y la mujer lo denunció por malos tratos. El juez la demandó a ella por falsa denuncia y dos colaboradores atestiguaron en favor del funcionario.

A esos dos testigos, Videla los sacó del Juzgado y los mandó a sus casas, pero les siguió pagando el sueldo. Un castigo insólito.

Ahora, tras el conflicto de poderes que observó el STJ y la consiguiente resolución, a partir de ayer el intendente tiene cinco días para reincorporar a Lucía Perelló y a Brayan Ramos a sus funciones en las oficinas del Juzgado, y a restituir la moto que el organismo ocupaba para distribuir las multas a los vecinos infractores y a partir de la medida cautelar (12 de octubre de 2023), “garantizar una remuneración bruta equivalente a la canasta básica, cuyo valor al 16 de enero de 2024 asciende a $495.798. Todo eso bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de $10.000 por cada día de retardo”, afirma el dictamen.

“Estoy conforme porque es justo lo que determinó el Superior Tribunal de Justicia. No solo porque vio que sí existía un conflicto de poderes como denuncié, sino que de manera unánime se pronunciaron todos sus integrantes. Lo único que pedí siempre fue poder hacer mi trabajo, con mis colaboradores y ejercer la autonomía del Juzgado. Desconozco por qué Videla tomó este camino. Es una manera de terminar con el avasallamiento sobre las demás instituciones que son autónomas. Es algo muy positivo. Además, los jueces se expidieron sobre el caso de los otros dos trabajadores que podrán regresar a sus tareas de siempre”, manifestó Mauro en diálogo con El Diario de la República.

Redacción/MGE