Comerciante denuncia una clausura arbitraria en San Francisco

Indignación, frustración, impotencia. Eso es lo que siente José Moisés Vergara, un comerciante que reside en La Punta, que había abierto una parrilla en San Francisco del Monte de Oro. Asegura que, por una acción unilateral y desmedida, le clausuraron el local. Cuatro familias se quedaron sin su fuente de trabajo.

De acuerdo a lo que comentó, en enero del año pasado arrancó con el emprendimiento. Se trataba de un espacio de encuentro para degustar platos tradicionales en el corazón de la localidad del Departamento Ayacucho. Habló con las autoridades municipales para que le indicaran todos los requisitos a seguir de cara a la habilitación comercial.

Así fue completando cada requerimiento. En mayo, lo autorizaron a cortar la calle para una preinauguración. El sueño ya era una realidad.

Para eso le dieron un permiso. Todo estaba bien, solo faltaba un paso para la habilitación definitiva, que se fue postergando según las propias circunstancias. Aún así, ese esquema fue menor frente a todo lo que había dispuesto en cuanto a trámites y podía trabajar normalmente.

Diez días antes de que cambiara la gestión, desde el Juzgado de Faltas le enviaron una notificación de clausura.

Para calmar las aguas y cumplir de una vez por todas con las obligaciones (nunca hubo una intención de evadir normas, sino más bien una dilación de procesos), Vergara optó por hablar con el intendente —quien en ese momento estaba a punto de tomar posesión del cargo—, Sandro Flores.

“Me dijo que no me hiciera problema, que ni bien asumía se ponía a resolver lo mío. A mitad de enero de este año, en plena temporada, donde más fuerte se trabaja, me clausuró. Me decomisó la mercadería, se llevaron pollos congelados. No dejaron que la gente que trabajaba sacara fotos. No me dejaron hacer nada, un desastre. Había una parte que tenía al aire libre donde había mesas, sillas; me han robado. No puedo ingresar, hay una cinta y fajas”, detalló en diálogo con El Diario.

Por ese hecho, le labraron una multa cercana al millón y medio de pesos. Y a los quince días, le aplicaron otra sanción de unos dos millones y medio de pesos porque “se había roto la faja”, afirmó. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, acumuló una deuda millonaria.

“Yo hice todas las modificaciones que me decían, cambié instalaciones, modifiqué la ubicación de las parrillas, desarrollé un montón de trabajos para dejar todo a punto, según lo que me pedían. Pero no tenía esa habilitación definitiva; en sí estaba todo presentado”, lamentó.

Incluso, en un momento quiso solicitar copias de los papeles presentados en el Municipio en busca de algún paso legal que le permitiera un respiro y aseguró que la Comuna le cobraba más de 200 mil pesos por las impresiones.

Por lo pronto, no tiene ningún tipo de respuestas. No encuentra tranquilidad en medio de la situación. Y lamenta que “se pongan palos en la rueda frente a la búsqueda de progreso y trabajo”.

“No sé qué hacer, han abusado de nosotros. Yo siento discriminación. Cuatro familias se quedaron sin su fuente laboral”, repudió.

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