Advierten por la indefensión de los datos de los puntanos en el ciberespacio

La provincia tiene un grado de indefensión enorme en el ciberespacio, y el gobierno tiene una alta cuota de responsabilidad para que esto sea así. La diputada provincial, Fernanda Spinuzza, señaló que no se ha registrado el más mínimo avance en la investigación por la que el 22 de mayo de este año se puso a la venta una base de datos hackeada en la llamada Dark Web que contenía información sensible de 120 mil puntanos relacionada a los planes de vivienda gubernamentales y que el Ejecutivo no ha adoptado ninguna medida concreta para reforzar la seguridad digital.  

Sin acciones y apatía absoluta del gobierno provincial

“Le hemos pedido por favor al estado provincial para que tome medidas para preservar la base ya filtrada. No tenemos hasta el momento información si lo están haciendo. Acá en la Legislatura lo hablé con muchos diputados oficialistas. El Gobierno se tiene que constituir como querellante y hacer la denuncia correspondiente para buscar que se dé una respuesta. Hasta el momento no lo ha hecho”, señaló Spinuzza, impulsora de la Ley Provincial de Ciberseguridad, sancionada en el 2022, reglamentada el año pasado, pero que no tiene avances en su implementación.

“Nosotros sabemos que en Terrazas cargan datos en Excel sin ninguna protección, sin ningún protocolo claro de verificación de credenciales, de dónde se guarda, de dónde se abre. Y esto merece un trabajo que es lo que dice la Ley de Ciberseguridad. Ni más ni menos es protocolizar la protección de cualquier dato que ingrese a cualquiera de los tres poderes del estado”, afirmó la legisladora.

Detalles de la filtración que afectó a 120 mil puntanos

La filtración de datos que se dio en mayo en la dark web (la internet que está oculta a los motores de búsqueda y que se utiliza  muchas veces para actividades criminales) consistió en un archivo con información vinculada a planes habitacionales en el que aparecen datos como nombre, apellido, DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono e información del grupo familiar, como si está compuesta por una persona con discapacidad o víctima de violencia de género. La base de datos fue publicada en un foro que había sido desmantelado por el FBI y dos semanas después volvió a funcionar.

“La filtración se puede haber dado de distintas formas, puede haber sido desde un usuario de  vivienda que cometió un error o que manipuló de forma equivocada la base o puede haber sido un malware”, destacó Spinuzza, y subrayó que el delincuente que propició la filtración, y que generalmente integran organizaciones,  es conocido en el ambiente por apoderarse de esta clase de base de datos y ha intervenido sistemas en la zona asiática,  específicamente en Hong Kong.

Más allá de cómo haya sido el error o la fuga de información, los puntanos se encuentran en una situación extremadamente vulnerable en relación a los datos informáticos.  “Esto se ve en que la mayoría de los ciudadanos de San Luis de forma recurrente reciben mensajes en su celular de distinta índole, incluso llama la atención que provienen justamente de los lugares donde esta persona  ha filtrado la base operativa, que son los países asiáticos. Esto es todo un trabajo de ingeniería social.  Terminan utilizando la información filtrada para buscar cometer otras estafas que en algunos casos son de tipo patrimonial y económico, y en otros afectando a las infancias vinculadas a integridad sexual. Esto genera mucha preocupación”, afirmó.

No se cumple con la ley y la Constitución Provincial

Lo que genera malestar y desilusión es que la provincia no solo cuenta con una ley específica para prevenir estos ataques cibernéticos, sino que en su Constitución la inclusión digital es un derecho. “De la pandemia a la fecha la cantidad de información que se registra de todos los países hace que tengamos que garantizar también la seguridad de los usuarios para que realmente podamos hablar de inclusión digital”, destacó Spinuzza.

Señaló que San Luis es una provincia altamente digitalizada, con un elevado porcentaje de la población que utiliza las redes gubernamentales. “Esto hace que la cantidad de datos que cada usuario deja en la red de Wi-Fi provincial sea gigante”, afirmó.

Lo que resulta extraño de la inacción del Ejecutivo puntano  es que están al tanto de un explosivo crecimiento en los ataques cibernéticos. “Incluso la Ministra de Seguridad cuando vino a la Legislatura para hablar de otro tema y se le consultó sobre esta problemática dijo que  son los delitos que están teniendo un crecimiento exponencial y que sin lugar a dudas van a copar las agendas de cualquier política pública. Definitivamente, hay una cuestión de  querer correr el cuerpo. No ocuparse. Sorprende un poco porque tienen reconocidos especialistas en estos temas, con mucho para aportar y para  proteger”, aseguró  Spinuzza.