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Nuevos y millonarios aportes en el "festival de cheques"

Se conocieron otros expedientes que dan cuenta del despilfarro del gobierno de Frontera.

Por redacción
| 05 de agosto de 2024
Pruebas. Los expedientes dejan al descubierto las maniobras del Ejecutivo municipal para sacar rédito.

En la Mesa Cinco del domingo, El Diario se hizo eco de un capítulo más de la novela denominada por el pueblo de Villa Mercedes como "El gran despilfarro municipal", en referencia clara a los manejos indiscriminados de fondos municipales por parte del intendente Maximiliano Frontera y sus funcionarios acompañantes de gestión.

 

 

El denominado "culebrón" tiene en esta etapa otra sorpresa y/o casualidad, siempre en relación con los subsidios que otorga el Municipio a diario, sobre todo en la época de campaña electoral y que a la postre consagró a Frontera como intendente en un nuevo mandato. Lo registrado fue aun con la prohibición expresa de culminar con la liquidación de subsidios derivados de un presupuesto y el agregado de casi mil millones de pesos cedidos por el Ejecutivo provincial. Los fondos estaban destinados a paliar las vicisitudes que pasaron los ciudadanos de Villa Mercedes como consecuencias de la tormenta del 26 de enero de 2023.

 

 

Así, todo dentro de una misma bolsa, permitió un descontrol en el manejo de dichos fondos que, sin dudas, traerá algún problema para los funcionarios municipales y en especial para el intendente Frontera en un futuro no muy lejano.

 

 

Una fuente municipal de Mercedes permitió el acceso a tres expedientes correspondientes a entregas de subsidios cuyos montos superaron ampliamente, pese a la Emergencia Económica y Financiera impuesta por Frontera en la Intendencia, las cifras denunciadas en la nota de Mesa Cinco.

 

 

Pero a este modo de dilapidación de fondos públicos por parte de la conducción municipal de Villa Mercedes, la fuente proveyó otras sorpresas contenidas en tres expedientes que tienen como beneficiario al mismo presbítero Diego Sebastián Torres, DNI 30.543.844, el mismo que recibió los dos cheques de $440.000, gracias a expedientes mellizos que ya denunció Mesa Cinco en otras ediciones.

 

 

La información recibida por este medio cuenta que a nombre del presbítero Torres existen tres expedientes más. Uno es el EXPD 2023-4270 por $59.000, con fecha de entrega del subsidio 22/05/23 del área de Secretaría General y de Cultura referido a ayuda económica para la capilla Nuestra Señora de Fátima, destinados a costear gastos de audio para una procesión de la Virgen de Fátima. El segundo expediente, cuyo número no se aportó, misteriosamente, tiene fecha 20/01/23 por la suma de $310.000. Y en el tercero (y aquí viene el “soponcio”, al decir de nuestros abuelos) es uno que tampoco fue acompañado ni física ni digitalmente de la documentación respaldatoria de rigor, pero que figura en el listado enviado del presidente en esa época del Tribunal de Contralor Municipal, cuando quiso pedirle explicación y rendición de cuentas al intendente Frontera ("Desubicado Bazla, ¿no?", dijo la fuente).

 

 

Los allegados entienden cómo no se iba a enojar el intendente si le pedían explicación sobre subsidios solicitados por la misma persona a quien ya le habían otorgado cuatro beneficios en un lapso que arrancaba el 20 enero. Las otras fechas son el 12 de mayo (dos cheques), 18 de mayo (entrega el otro cheque mellizo y el mismo 12 de mayo), todos de 2023. Y también sin expediente explicativo alguno entregó al mismo presbítero un cheque por la suma de tres millones cincuenta y seis mil quinientos pesos ($3.056.500,00).

 

 

En síntesis, el Municipio habría entregado al mencionado presbítero la suma total de pesos cuatro millones ciento cinco mil quinientos ($4.105.500,00) sin actualizar, lo que supondría casi tres veces más si se actualiza a la fecha.

 

 

El total de subsidios entregados al presbítero Torres para arreglar capillas —el de $3.056.500,00, sin expediente a la vista y del que se ignora cuál era su destino— tenían un supuesto objetivo. Aunque en ninguno de los casos hubo la debida rendición de cuentas, tal como lo obliga la ordenanza correspondiente, lo que derivaría en un “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al no exigir la rendición del monto entregado e incluso hasta puede llevar a un delito de mayor envergadura como es el de “malversación de fondos públicos”.

 

 

"'A caballo regalado no se le miran los dientes', dice el gaucho...", sentenció la fuente municipal.

 

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