Buscan endurecer las sanciones para los deudores alimentarios

Las consecuencias que se generan por los deudores alimentarios representan un tema delicado y de enorme impacto social, en el que siempre la peor parte se la llevan los más vulnerables, en especial niños y adolescentes. Por eso, la diputada provincial del Frente Unidad Justicialista, Sonia Delarco, impulsa un proyecto de ley que busca modificar el régimen actual y endurecer las sanciones para los morosos. Entre las medidas que se introducen se encuentran la retención en la devolución de impuestos y la restricción de otros beneficios gubernamentales; y que el certificado tenga un período de validez de sesenta días.

“Esto es para endurecer las sanciones para los morosos de la cuota alimentaria fijadas por resolución judicial y que se hagan efectivas. Apunta a proteger la necesidad alimentaria impostergable de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los progenitores”, destacó Delarco, quien subrayó que los reclamos judiciales por incumplimiento de la obligación alimentaria de personas que tienen un ingreso formal comprobado representan un alto porcentaje de las causas judiciales con contenido patrimonial, muchas de las cuales concluyen en sentencias difíciles de ejecutar.

“Es importante reconocer la trascendencia social de que muchas personas sufren penurias económicas debido al incumplimiento de las cuotas alimentarias por parte de familiares que tienen la capacidad de prestarles auxilio y manutención. Es un problema estructural que profundiza las desigualdades de género y la vulneración del derecho a las infancias y juventudes”, señaló la legisladora y dijo que este desconocimiento de las obligaciones trae aparejadas otras formas de agresión como la extorsión, la manipulación e incluso violencia física y sexual.

A mayo de este año había 487 deudores alimentarios en la provincia, pero se estima que la cifra real es más elevada. “Muchas veces la mujer no hace la denuncia y no se cumple la ley en la provincia”, señaló Delarco.

El detalle de las sanciones

El proyecto estipula que las personas inscriptas en el registro de deudores no tendrán acceso a planes de pago ni a beneficios gubernamentales de ninguno de los impuestos provinciales como automotor, acoplados y motociclistas, inmobiliario, ingresos brutos y tasas administrativas hasta que presenten el certificado de libre deuda alimentaria.

Además, la Tesorería de la Provincia de San Luis deberá retener el dinero correspondiente a pagos a personas deudoras alimentarias y no podrán obtener ni renovar su cédula CIPE. Otra disposición es que al momento de evaluar la idoneidad de los solicitantes que se postulan a la adopción de un niño, niña o adolescente, se verificará que dichas personas no se encuentren inscriptas en registro de deudores alimentarios.

Si se aprueba la modificación al sistema, el registro de morosos se tendrá que publicar periódicamente en sitios web oficiales para así asegurar su transparencia, algo que actualmente no se lleva a cabo. “La consulta de la base de datos será pública y de acceso gratuito”, confirmó la diputada provincial del Frente Unidad Justicialista.

Uno de los artículos que se incorpora al nuevo régimen es que se faculta al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias para la implementación de la ley en un plazo de noventa días. Delarco señaló que se adopta esta previsión debido a que en algunas ocasiones no se termina de dar el paso de la reglamentación y los proyectos, a pesar de estar aprobados, quedan en un limbo.

Entre las consecuencias actuales de estar en el listado de deudores alimentarios se encuentra que no pueden acceder a cargos públicos electivos, en la Magistratura, funcionarios públicos, judiciales o defensor del Pueblo o de docencia. Tampoco realizar trámites municipales, como solicitar licencias para taxis, la habilitación comercial o el carnet de conducir.

Con respaldo constitucional

Delarco destacó que el deber alimentario de los padres con sus hijos está estipulado por el Código Civil y tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El 70 por ciento de los morosos son hombres 

Las estadísticas reflejan que el 70 por ciento de los deudores alimentarios son hombres; un 10% corresponde a las abuelas de parte paterna y, en menor medida, entre los infractores están las mujeres.

La ley contempla que en caso de falta de cumplimiento del progenitor se busca al familiar directo que esté en mejores condiciones. En este caso, del lado del padre en su mayoría son las abuelas, porque por lo general poseen ingresos estables. 
Igualmente, no son inusuales los casos en los que los progenitores renuncian a sus empleos para que así no les descuenten la cuota alimentaria. 

Los datos a nivel nacional indican que el 92 por ciento de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza a indigencia, una situación que se agravó con la pandemia. Además, en los hogares monoparentales o monomarentales a cargo de personas jóvenes, la enorme mayoría corresponden a mujeres. 

Otro dato relevante es que las mujeres cuidan más horas por día que los varones. Señalan que la desigualdad en las horas destinadas al trabajo de cuidado no remunerado representa un factor que "profundiza la inequidad entre mujeres y varones en general, y en particular en lo referido a la crianza y educación de niños, niñas y adolescentes