La adhesión al RIGI abre la puerta a múltiples riesgos para San Luis

El proyecto de adhesión de San Luis al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es otra decisión precipitada e incomprensible del gobierno puntano, y advierten que puede derivar en severos perjuicios para la provincia. Ambientalistas señalan que en caso de implementarse este sistema en la provincia, surgirán múltiples problemas, como prioridad de las empresas en la utilización de los recursos naturales, alta probabilidad de acciones contaminantes con el consiguiente legado de un fuerte pasivo ambiental, impacto económico marginal en la generación de puestos de trabajo y discriminación económica para la participación de las pymes, entre otras. 

Lo que no encuentra sentido en este paso que quiere dar el Ejecutivo puntano (el proyecto de adhesión ya ha sido enviado a la Legislatura) es que San Luis en las últimas décadas ha logrado posicionarse como un destino turístico consolidado por sus bellezas naturales y sus paisajes bien conservados, que además están bien distribuidos en su geografía. Abrir la puerta para que compañías transnacionales extractivas tengan “luz verde” para realizar actividades de altísimo impacto ambiental es un sinsentido, que se acrecienta ante la constatación que el RIGI no prioriza (ni le preocupa) las economías locales.

En el Estado puntano aseguran que la implementación del RIGI en San Luis no se orientará a la megaminería y que en realidad se buscará fomentar proyectos de energías renovables como la solar o la eólica. Sin embargo, el marco legal que introduce este régimen tiene como una de sus características principales que deroga las legislaciones provinciales y municipales, lo que habilita en el futuro al accionar de las empresas extractivas de recursos.

Anulación de leyes ambientales locales

Más allá de la promesa que dio Claudio Poggi de que aun con la implementación del RIGI se cuidarán los recursos naturales de la provincia “a rajatabla”, el régimen esconde una gran “trampa” jurídica. Los activistas aseguran que la adhesión implica que quedan sin efecto las legislaciones ambientales a nivel provincial y municipal, actuando así como una “ley madre” que prevalece sobre el resto de las disposiciones preexistentes.

Así, la ley provincial que prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo quedaría en desuso. La norma puntana N° 634-2008 “Preservación y restauración ambiental del sector minero” posee estándares ambientales que se encuentran entre los más elevados a nivel nacional.

Con la adhesión al RIGI, un proyecto del Estado nacional incluido dentro de la Ley “Bases”, las grandes empresas tienen prioridad absoluta en la utilización de los recursos naturales como el agua, en una provincia que a pesar de la infraestructura hídrica construida por las gestiones anteriores sufre ante los recurrentes períodos de sequía.

En la Agrupación de Asambleas Ambientales advirtieron que la aplicación de esta norma puede implicar “graves delitos” en relación con el cuidado del entorno. Además, las compañías están exceptuadas de la presentación de estudios de impacto ambiental.

Beneficio económico mínimo

El RIGI es un “club” que solo permite la entrada a los más ricos: los beneficios que contempla son únicamente para empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Además, el régimen no obliga a las compañías a la contratación de mano de obra o comprar a proveedores locales, lo que implica que su implementación traerá beneficios económicos marginales o directamente nulos.

El valor de la “tarjeta” de 200 millones para sumarse al RIGI excluye de golpe y porrazo a las pymes. Además, las compañías beneficiadas por el régimen podrán importar bienes, repuestos y mercaderías sin pagar impuestos. Del mismo modo, quedan exentos de los derechos de importación a partir del tercer año de su inclusión en el RIGI.

Como si fuera poco, todos estos incentivos económicos se encontrarán protegidos por un esquema de estabilidad fiscal de 30 años de duración, que no puede ser limitado por ninguna ley posterior. 
Muchos observadores aseveran que con estas disposiciones absolutamente favorables para las empresas ni siquiera habrá un impacto significativo en la recaudación.

Advierten que estas ventajas permitirán que las grandes compañías puedan ofrecer precios más competitivos y condiciones más atractivas que las pequeñas y medianas, lo que generará una competencia desleal. 

Perjuicio a productores

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur —Calisabiosur—, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, advirtió que una de las preocupaciones es que el RIGI favorezca la concentración de tierras cultivables, perjudicando la agricultura familiar, y a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos.

Señalan que el desembarco en la provincia de actividades sumamente contaminantes como representa la megaminería podría afectar de manera irreversible al ambiente natural y alterar las fuentes de agua que abastecen a gran parte a la provincia.
“Exigimos a las y los legisladores provinciales que hagan valer su salario millonario, exigimos que se informen sobre el asunto, que analicen el tema a fondo, que generen mecanismos de participación ciudadana y, sobre todo, que no traten el tema en una votación express como sucedió en las vecinas San Juan y Mendoza”, señalaron en un comunicado.