Cómo impacta el ajuste del Gobierno en los jubilados

Argentina está en llamas. No es opinión. Así lo arrojan los hechos de una realidad hundida en el ajuste. Prácticamente todos los sectores de la sociedad son víctimas de una gestión que encausa medidas brutales. Pero entre los más afectados están los jubilados, que tienen que hacer malabares para poder al menos subsistir. Con haberes absolutamente licuados, cada vez se torna más difícil el costo de vida. 

 

Para conocer en detalle el escenario actual y cómo impactan las disposiciones nacionales, El Diario de la República dialogó con la abogada previsional Florencia Masotti. “No puede ser que siempre el recorte lo pague el jubilado”, aseveró. 

 

Para comprender los últimos sucesos, el Gobierno de Javier Milei vetó por completo la ley de movilidad jubilatoria. Fue mediante el decreto 782/2024, que se publicó en el Boletín Oficial. Ya lo había anticipado y dejó sin efecto la normativa sancionada por el Congreso que, entre otras cosas, disponía elevar el haber mínimo y fijaba una nueva fórmula de cálculo de ingresos. La justificación fue que el proyecto de ley “es violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida”. La realidad es que más allá de las explicaciones, la disposición ofuscó aún más la dura realidad de miles de argentinos. 

 

“El país tiene una deuda histórica con los haberes previsionales y sobre todo con los jubilados que cobran el haber mínimo. Ninguna fórmula de movilidad jubilatoria recompone lo que hace años vienen perdiendo los jubilados en concepto de poder adquisitivo. Tampoco lo hizo el DNU sancionado por el Ejecutivo en marzo porque la nueva fórmula de movilidad ajusta por el IPC pero no tiene en cuenta otras variables como lo son gastos de medicamentos, alquiler, tarifas de luz y gas”, explicó Masotti. 

 

Para entender. Tras asumir Milei la presidencia, en marzo se anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia, que trazó las primeras acciones del presidente. Dentro del decreto había un capítulo destinado a jubilaciones donde se cambiaba la fórmula de movilidad. La letra especificaba que, a partir de junio, las jubilaciones empezarían a aumentar todos los meses según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), siempre calculando dos meses para atrás. Es decir, en julio aumentaría según el IPC de mayo; en septiembre, que es lo que atraviesa el contexto actual, la suba del 4% por el IPC de julio. 

 

El Congreso lo que había hecho con la ley de movilidad jubilatoria fue advertir que el aumento de los haberes con el IPC no contemplaba otras cuestiones como los medicamentos, el transporte, las tarifas de gas y de luz, la asistencia médica, entre otros componentes. Entonces el Congreso dispuso el adicional del 8% en septiembre. Cabe recordar que la inflación de enero fue del 20% y en abril dieron un incremento del 12%, con lo que quedaba en el tintero un porcentaje que venía a suplir el empalme. 

 

Además, estaba la cláusula gatillo, que se había fijado para cada mes de marzo, en el que se les pagaría a los jubilados un 50% por diferencia entre la inflación y el promedio de salarios. “Todo eso fue vetado por el presidente y ahora tiene que volver al Congreso. El Ejecutivo dice que representaría un déficit fiscal del 0,44% y eso implicaría un gasto adicional que el Ejecutivo no tiene previsto. Pero ese gasto podría absorberse desde otros impuestos y no siempre desde el bolsillo de los jubilados.

No puede ser que cada vez que se discuta un aumento el recorte sea siempre con los jubilados”, subrayó Masotti. 

 

Más allá de las especificidades técnicas y de las cifras o porcentajes que se puedan dar, hay una realidad. Y es que el ajuste impacta de lleno en los jubilados. Día a día hay miles de personas que no llegan a suplir las necesidades más elementales o que tienen que optar por abandonar tratamientos por los costos que implica la salud, por ejemplo.

 

Para comprender el panorama, vale recordar que la jubilación mínima está en $234 mil. Que sumado al bono que se pretendía dar, llegaría apenas a los $314 mil. La canasta básica de una familia para no ser pobre, ronda el orden de los $800 mil. 

 

“Al pobre jubilado no le alcanza nada. A la canasta hay que sumar gastos de medicamento, supermercado, incluso de alquiler, porque las cifras se sacan pensando si el jubilado tiene casa propia, pero hay situaciones donde no es así. Al mismo tiempo, PAMI anunció que no cubrirá más al 100% algunos fármacos, la mayoría de ellos antibióticos. Es una situación compleja, y a mi entender, diría que al punto del no retorno. Tiene que ver con políticas públicas de parte del Ejecutivo, del Gobierno de turno, del oficialismo, que no está cumpliendo lo que tiene que ver con políticas de sanidad, de asistencia social. Todas están en recortes presupuestarios”, lamentó. 

 

Un informe elaborado por HelpAge International, en colaboración con diversas ONGs locales, reveló que el 73% de los jubilados argentinos se encuentra en situación de pobreza, un dato que difiere de las cifras oficiales del INDEC, que arrojan un 17%. 

El estudio analiza los primeros tres meses del gobierno de Javier Milei y la situación de los jubilados. Gustavo Díaz Fernández, representante de la ONG Crisálida, una de las que integra HelpAge International, explicó que la pobreza por ingreso se mide a través de la canasta básica total, que para los jubilados asciende a $685 mil, una cifra que según sus estimaciones, afecta a aproximadamente 5.200.000 jubilados. 

 

El estudio considera el impacto de la inflación en los medicamentos, que treparon en el orden del 150% entre noviembre del 2023 y marzo del 2024, y la disminución del 17% en la compra de medicamentos recetados. 

 

A pesar de que el país cuenta con una amplia cobertura previsional, con un 95% de la población cubierta por jubilaciones o pensiones, Díaz Fernández subrayó que esto cobra notoriedad en un contexto donde las personas no pueden acceder a comprar medicamentos o deben elegir entre alimentarse y cubrir otros gastos.

 
Remedios recortados

En junio, PAMI decidió realizar un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100% . Eliminó 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. A mediados de agosto, la obra social recortó otras 44 moléculas del listado, lo que representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecían de manera gratuita. 

 

Desde PAMI aseguran que si algún afiliado necesita una medicación que no está incluida en el vademécum de cobertura al 100% y carece de los medios para afrontarlo, podrá efectuar un trámite de subsidio social o vía de excepción.  En los fármacos afectados hay antibióticos, corticoides, suplementos, antivirales, antiparasitarios, antidepresivos, entre otros.