La Justicia ordenó restituir en 24 horas las pensiones por discapacidad suspendidas

La resolución, dictada el 17 de octubre, extiende a todo el territorio nacional la medida cautelar que ya regía en Catamarca, y dispone además que hasta tanto no haya sentencia definitiva, ANDIS deberá abstenerse de aplicar nuevas auditorías o suspensiones basadas en la norma cuestionada.

El fallo se enmarca en la acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM). A esa causa se acumuló la presentada por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

También se sumaron otras organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, entre ellas la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.

En la presentación judicial, las entidades denunciaron que el Gobierno violó el debido proceso y los derechos a la protección social, la salud y la vida independiente de las personas con discapacidad. Argumentaron además que el Estado actuó de mala fe al imponer nuevas obligaciones a los beneficiarios sin haber informado debidamente sobre la necesidad de actualizar sus domicilios.

“La suspensión de más de cien mil pensiones implicó un grave avasallamiento de derechos fundamentales, profundizando la vulnerabilidad y exclusión de un sector históricamente postergado”, expresaron desde ACIJ. Con este fallo, la Justicia federal obliga al Estado nacional a revertir lo que consideró un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna.