Tras la renuncia de Espert, estalla la polémica por las boletas: ¿reimprimir o no?

La decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura desató una disputa inesperada a menos de un mes de las elecciones. Con el 70 por ciento de las boletas únicas de papel ya impresas con su rostro, la Justicia Electoral deberá definir si reimprimirlas o mantenerlas como están.

La Libertad Avanza (LLA) formalizó este lunes una presentación ante el juzgado electoral para solicitar la reimpresión con la cara de Diego Santilli, quien pasará a encabezar la lista bonaerense. Los apoderados Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba argumentaron que la actualización “garantiza transparencia y coherencia en la oferta electoral”.

El problema es el costo. Según estimaciones técnicas, reimprimir la totalidad implicaría más de 10 millones de dólares, o unos 10 mil millones de pesos, además del descarte de las boletas ya recibidas y el riesgo logístico de mezclar modelos.

Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, advirtió que “a esta altura lo adecuado es mantener las boletas originales”. Sugirió alternativas, como “etiquetas autoadhesivas que podrían aplicar los presidentes de mesa”, aunque reconoció que eso “sobrecargaría su tarea”.

El especialista insistió en que el elector “vota a una alianza, no a un candidato individual”, y calificó de “despropósito” gastar millones en plena crisis: “Si el Gobierno suspendió las PASO por falta de recursos, mal puede justificar semejante despilfarro”.

Desde la oposición también se sumaron voces en contra. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y candidato por Unión Federal, pidió formalmente a la Justicia Electoral que se prohíba la reimpresión: “Sería una erogación millonaria injustificada. Si no hay plata para jubilaciones o universidades, tampoco para caprichos electorales. Ni se te ocurra, Milei”.

En el entorno libertario, sin embargo, aseguran que los costos deberán ser afrontados por el Ministerio del Interior, tal como prevé la normativa. No obstante, el Código Nacional Electoral establece que las modificaciones deben presentarse al menos sesenta días antes de los comicios, un plazo ya vencido.

Por ahora, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, tiene la última palabra. En juego no sólo está la estética de una boleta, sino la discusión sobre quién paga los errores políticos en plena campaña.