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Imputan a una empleada doméstica por el hurto de 30 mil dólares en una vivienda

La mujer fue acusada de sustraer los ahorros de su empleadora en abril pasado. La fiscalía presentó pruebas que incluyen chats, compras recientes y deudas. La jueza ordenó medidas de coerción por 120 días.

Por redacción
| 11 de noviembre de 2025

La Justicia imputó a Candela Belén Méndez por el delito de hurto simple, acusado de haber robado 30 mil dólares de la vivienda donde trabajaba como empleada doméstica en Juana Koslay, el pasado 16 de abril.

 

 

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli, de la Fiscalía de Instrucción N° 4, describió los hechos y sostuvo que la acusada “tenía acceso a todos los espacios del domicilio y conocía los horarios laborales de los dueños de casa”, lo que habría aprovechado para cometer el robo mientras realizaba tareas de limpieza.

 

 

Según la investigación, la víctima regresó a su hogar ese mismo día y encontró las puertas abiertas y el dormitorio principal revuelto. Paso seguido constató la falta de los 30 mil dólares guardados en una caja de zapatos. Tras el hecho, Méndez dejó de responder los mensajes de su empleadora y no volvió a presentarse a trabajar.

 

 

Entre las pruebas, la fiscal detalló análisis de cámaras de seguridad, allanamientos y pericias sobre teléfonos celulares. En el domicilio de la acusada se secuestraron tres teléfonos —dos de ellos iPhone 16 Pro Max nuevos— y facturas por la compra de una motocicleta de casi tres millones de pesos.

 

 

Además, las pericias revelaron conversaciones y operaciones financieras vinculadas a la compra de vehículos y préstamos en dólares con altos intereses, así como búsquedas diarias sobre la cotización del dólar desde febrero.

 

 

La fiscalía también señaló el deterioro de la situación crediticia de Méndez en el último año y mencionó que mantenía deudas impagas desde 2021.

 

 

La jueza Luciana Banó hizo lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía y la querella: firma mensual del libro en Fiscalía, prohibición de salir de la provincia, inhibición general de bienes y restricción de acercamiento a la víctima, todo por un plazo de 120 días.

 

 

La imputada se abstuvo de declarar, mientras que su abogado, Roberto Domínguez, aseguró que los vehículos mencionados ya no están en su poder.

 

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