La peligrosa forma de pensar de Ricardo André Bazla

De gesto recio, duro, como todo guardián de la moral ajena, Ricardo André Bazla transita los pasillos de Terrazas del Portezuelo con las manos atrás, la mirada altiva, el mentón rodeado de su eterna barba candado levemente elevado; como un preceptor siempre vigilante a los malos comportamientos de sus alumnos, un celador de sueños dispuesto a morderlos en el aire.

Tiene a su cargo un organismo estatal que parece hecho a su medida. Es el secretario de Ética Pública y Control de Gestión (el orden de los factores se va alterando de acuerdo a su conveniencia, a veces la oficina es nombrada como de Control de Gestión y Ética Pública), una oficina que hasta ahora miró más hacia el pajar ajeno que a la viga en su propio ojo.

Un traje que trata (a veces sin éxito) de llevar impecable le dan un aura aún más vigilante al abogado villamercedino, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, que cuando fue vocal del Tribunal de contralor en su ciudad arremetió furiosamente contra el intendente Maximiliano Frontera, al que acusó de no rendir cuentas por 6 millones de pesos que la municipalidad mercedina decía –sin ningún comprobante- haber gastado en castraciones de animales.

Desde que Frontera coquetea con el oficialismo provincial, las denuncias de Bazla contra su antiguo enemigo han callado convenientemente. “Antes lo quería destituir; ahora por poco no lo declara ciudadano ilustre”, bromean en Villa Mercedes.

Esa es solo una demostración que los cañones de metal de Ricardo van dirigidos según su conveniencia política, aunque algunas fuentes del Gobierno Provincial se sorprenden porque no siempre el funcionario responde con la sumisión de otros a las visiones del gobernador Claudio Poggi. Incluso hay quienes temen que Bazla emerja en el gabinete con fuerza propia y poder de decisión autónomo. Exagerados, ven en la desgarbada figura del funcionario (y en algunos tips que se evidencian en sus pensamientos) un parecido al de José Alfredo Martínez de Hoz.

La gran batalla que libra Bazla desde que arribó a su función gubernamental es la implementación de un narcotest a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para saber si hay miembros en esos estratos que consumen drogas habitual o circunstancialmente. A veces, basta mirar el estado en que van a trabajar esos agentes del Estado, leer algunos de sus proyectos de ley, revisar algunas de sus sentencias, observar sus rostros en los actos oficiales para sacar conclusiones propias. Ni siquiera es necesario gastar recursos para detectarlos.

El encargado de controlar la gestión es un especialista en sus pifies sin ton ni son. A principios de año, envió una circular a todos los funcionarios del Ejecutivo en el que les pedía que no subieran a las redes sociales fotos de sus vacaciones, que presumía ostentosas. Acorde a su moral de moneda en el aire, Bazla no recomendaba a sus colegas que evitaran los viajes fuera del país, como lo hizo el presidente Javier Milei, a quien admira en secreto. Paternal, les decía algo así como: “Vayan, disfruten, paseen, descansen pero por favor que la gente no se entere”.

Algo parecido pasa con la forma en que se hará el narcotest. El funcionario fue caricaturizado en redes sociales porque en una conferencia de prensa el jueves avisó con un mes de anticipación la fecha y el modo en que se llevará a cabo. Si se tiene en cuenta que el examen –de acuerdo a lo que explicó Sebastián Andújar, decano de la facultad de Química de la UNSL, a cargo de las muestras- no reconocerá restos de droga en caso que la persona se abstenga de consumir por unos días, tanto detalle dado por el investigador suena a cómico preaviso. Es como si la Policía avisara con un mes de anticipación que va a hacer un allanamiento en tal domicilio, a tal hora.

Lo único que tendrán que preveer los funcionarios que consumen sustancias es no hacerlo en el feriado de carnaval –una fecha insignia-, ya que el Gobierno anunció que el 5 de marzo se hará el sorteo, el 6 las notificaciones y el 7 la prueba. Preparate que te voy a tirar el penal a la derecha.

Contrariamente a lo que se espera de una organización vertical como un gobierno provincial, la relación entre André Bazla y Poggi parece marcada por la influencia del funcionario de menor rango por sobre quien debería ser su jefe. Se vio, por ejemplo, en el tono paternalista que es un sello del villamercedino y que el primer mandatario usó, en tono más amigable, como si estuviera en campaña, en su visita el miércoles a los agentes del Plan de Inclusión en Arizona. “Yo los voy a cuidar”, les dijo a los empleados.

Ni el gobernador, ni Bazla, ni ningún funcionario público debería ejercer, en una democracia completa, un tinte “cuidador” sobre los trabajadores. Con que les paguen como corresponde, no los presionen para que cambien de régimen, les aumente el sueldo acorde a la inflación y no los acaricien con pretensiones electorales, es suficiente.

La última aparición de quien parece ser el encargado de observar la ética pública (algún día el gobierno provincial tendrá que explicar qué quiere decir eso concretamente) fue en la curiosa conferencia de prensa brindada el jueves en Terrazas del Portezuelo para explicar parte del funcionamiento del narcotest. Bazla dijo que se sortearán en primera instancia 100 funcionarios que se verán obligados a hacer la prueba y pagarla de su propio sueldo.

Las bolillas que se instalarán en las siempre joviales oficinas de la Caja Social incluirán a miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, en lo que parece una nueva intromisión del primero sobre las otras dos patas del Estado. Si se tiene en cuenta que las presiones del gobernador hicieron renunciar al Procurador General de la Provincia, Luis Martínez, quien tiene rango de ministro del Superior Tribunal de Justicia; que el Gobierno obligue a 30 jueces, secretarios o defensores a hacerse un pinchito para saber si la noche anterior consumieron éxtasis parece una bala sobre la corpulencia de un elefante.

Pero hay algo peor en las desafortunadas declaraciones de Bazla, que representan también su forma de pensar. El especialista en controles de todo tipo señaló que la medida tiende a garantizar que “ningún funcionario, de ninguno de los poderes, esté de los dos lados del mostrador”. Y dijo –peor- que la iniciativa se enmarca en la política del gobierno de “lucha contra el narcotráfico y el combate de la inseguridad”.

Las ideas de una persona como Bazla representan un peligro democrático y constitucional, sobre todo por esa confusión ya añeja de mezclar adicción, consumo, narcotráfico y delincuencia. Para el abogado villamercedino, el estar “de un lado u otro del mostrador” ubica al consumidor en el lado oscuro, contrario a la luz que emana sobre su saludable figura.

Ironías al margen, que André sostenga que la lucha que el Gobierno pierde por goleada contra la inseguridad se deba en parte al consumo de drogas ocasional es la tajada más retrógrada de una política que cree que un chico que fuma un porro en un recital es peligroso o que una persona que tiene el drama de las adicciones pinchándole la piel es alguien de temer. Más miedo habría que tenerle a personas como Ricardo André Bazla.