Reacciones alrededor de los chicos con vómitos y fiebre

En algo se pusieron de acuerdo, por fin, oficialismo y oposición. Los dos bandos consideraron que el escándalo de los chicos intoxicados por ingerir comida en las escuelas proporcionadas por el plan del gobierno provincial debe ser investigado por la Justicia. 

En la dirección hacia donde se debe orientar la mirada judicial es donde vuelven los desencuentros. Un grupo de legisladores nacionales y provinciales del Partido Justicialista presentó una denuncia penal en donde pide que se investigue directamente al gobernador Claudio Poggi. El gobierno por su parte fue cambiando de postura y de discurso a medida que la situación se tornaba más grave. La noticia de que en Villa Mercedes hay más chicos con síntomas no hizo más que acrecentar el desconcierto.

La primera reacción oficial, hace una semana, fue mandar a la pantalla de San Luis + al ministro de Educación Guillermo Araujo para que ensaye una defensa que de tan endeble nos dejó conforme ni a unos ni a otros. El funcionario intentó desligar a la administración de cualquier responsabilidad sobre el hecho. Deslizó incluso la idea de un boicot. 

El resto del cuerpo oficial tampoco pareció tomar nota inmediata de la gravedad de los hechos. Casi 70 chicos internados con vómitos, fiebre y otros síntomas adquiridos en la escuela no parecieron motivo de preocupación inicial para el gobierno. De hecho, el sábado posterior al estallido de la noticia Poggi y Araujo compartieron un cumpleaños infantil en un pelotero de la avenida Aristóbulo del Valle. Afortunadamente la comida que repartieron allí estaba en óptimas condiciones. Sobre todo por los chicos.

Con el paso de los días la postura del gobierno ante la situación giró de acuerdo a la gravedad del hecho. A mitad de semana, por fin, el gobernador se decidió a hablar de lo sucedido y admitió alguna responsabilidad de su gestión. “Es algo que se va a investigar”, prometió. 

Como sea, el cimbronazo se sintió con fuerza en los cimientos de Terrazas de Portezuelo. Padres manifestándose en la puerta de las escuelas, diputados que recordaron que habían advertido sobre la mala calidad de la comida que se reparte en los establecimientos educativos, docentes que se manifestaron en el mismo sentido y un ministro que desapareció de la escena tras ahogarse en el canal oficial fueron los capítulos de una novela de contenido tan triste como preocupante. 

Fue tal el alcance del alboroto que algunos funcionarios tuvieron respuestas curiosas y poco comprensibles. Diego Masci, secretario de comunicación del gobierno, intentó ser irónico ante la preocupación de los dirigentes opositores y con el montaje de un afiche de película en el que los acusó de caranchos, posiblemente en relación a la película de Pablo Trapero que poco tiene que ver en su argumento con niños intoxicados en la escuela. 

Masci es un hombre que en sus apariciones públicas se ríe poco. Por eso llama la atención que haya recurrido al humor para manifestarse por primera vez en un caso que reclamaba su opinión una semana antes. Para el funcionario comunicacional, aparentemente, 70 chicos internados por comida proporcionada por su gestión es algo que se debe tomar con risa.

La máxima comunicacional de que a veces es mejor callarse antes de decir algo fuera de lugar debió ser también una enseñanza para Celeste Aparicio, directora de Comunidad Educativa del ministerio de Educación, quien en algunas declaraciones públicas dijo que “no es obligación del gobierno darle de comer a los chicos en las escuelas”. Además, con la intención de mitigar la situación dio números sobre la cantidad de alumnos que reciben las viandas a diario y que no tuvieron síntomas.

Ha llegado el punto en que el Gobierno celebra que los menores no se intoxiquen con el almuerzo que reciben en los establecimientos. "De 3000 chicos que reciben el PANE se enfermaron 70", dijo respecto a la situación en la escuela Agustín Mercau.Y acrecentó la polémica al señalar que la comida que se reparte en las escuelas es optativa para los alumnos, en abierta contradicción con sus repetidas declaraciones sobre que la presencia del PANE mejoró los índices de presentismo en los establecimientos.

Traducido, la funcionaria cree que la instalación de las viandas para los chicos colaboró a bajar los números de los índices de desnutrición.

A las desprolijidades que acumula el ministerio de Educación en el manejo del asunto, se suma la designación de Francisco Guiñazú como veedor en la escuela Pancha Hernández, donde se concentró la mayor cantidad de casos. Por 60 días, la intervención del dirigente tiene el objetivo de “garantizar un control directo y mejorar la articulación entre las diversas áreas que convergen en el funcionamiento del establecimiento educativo”, según informó con rebuscada lingüística el ministerio, que omitió durante todo el comunicado a hacer mención al problema de PANE.

Guiñazú es el jefe político de Aparicio.