Tiene 18 años, padece displasia diastrófica y Dosep le niega una silla de ruedas
Años de lucha, múltiples disposiciones legales desoídas y una indiferencia que duele en lo más profundo. Así atraviesa su presente Sofía Macarena Fernández, quien es víctima de la impericia absoluta de una obra social que impide derechos.
Lejos de asistir en materia de salud, Dosep atenta contra sus propios afiliados. No es novedad que la asfixia burocrática pone en vilo a la calidad de vida de cientos de pacientes, absolutamente ignorados por las autoridades. Pero esta vez, la impericia alcanza límites impensados. Sofía Macarena Fernández, de 18 años, padece displasia diastrófica y necesita urgente una silla de ruedas con motor. Lejos de ser escuchada, la obra social le priva un derecho fundamental, en un acto discriminatorio que la excluye.
"Padece una discapacidad, una patología muy seria. Tiene certificado de discapacidad desde los 4 años. Es muy compleja su situación. Necesita una silla de ruedas motorizada, está prescripta. A pesar de un montón de reclamos, Dosep no cumple. Excederá algún presupuesto de algún funcionario que no desea cumplir. Se iniciaron los expedientes correspondientes desde el año pasado. Salió la medida cautelar en diciembre del año pasado, hace más de 6 meses que no hay respuestas. Años de reclamo vienen haciendo por la silla", apuntó la abogada Susana Placidi, quien representa a la joven.
Contó que Sofía intelectualmente puede desarrollarse totalmente, pero tiene un padecimiento físico muy serio y necesita la silla, no por un capricho sino para su calidad de vida. Su mamá es titular de Dosep, desde siempre ha contribuido con las cuotas correspondientes como socia de la obra social. No obstante eso, Dosep no responde.
"Lo que digo, lo digo porque tenemos pruebas que están en el expediente judicial, tenemos bases ciertas, pruebas que son documentos públicos. Esto no puede ser, se abusan, no cumplen las ordenes judiciales y se supone que son funcionarios del Gobierno, deberían hacerlo. Cumplen funciones, deberían saber mínimamente que una orden judicial es una orden de una autoridad que tienen que cumplir, no cumplir es un delito. No entiendo, abiertamente no lo hacen, pasan meses y meses, la gente da vueltas y vueltas tratando de que cumplan. Una silla parece menor, pero la silla que tiene Sofía está rota, es una silla común, ella necesita algo que le mantenga el cuello. Creo que las personas que están en Dosep, los funcionarios, no saben de patologías. No los médicos, ellos sí saben, sino los funcionarios", repudió la abogada.
Un drama sin freno
La letrada manifestó que hay muchísimas cuestiones judiciales, amparos, que Dosep no cumple. Literalmente, así como entran las ordenes judiciales, se "guardan en el cajón". Remarcó que "hay un montón de niños" que necesitan celeridad y acción de la mutual, pero quedan en el olvido más repudiable.
"Hemos tenido que interponer amparos, intimarlos al cumplimiento, ir con la Policía a los funcionarios de Dosep para que cumplan las órdenes judiciales", aseveró.
En este sentido, trajo a la memoria lo que significó un caso paradigmático. Luisana Suarez, quien sufre una afección oncológica, estuvo internada en Córdoba. Durante mucho tiempo, Dosep le negó la medicación que necesitaba para vivir. Si, para vivir, no para paliar síntomas. Para vivir. Pero le obstaculizaron incansablemente el acceso a los fármacos.
En la actualidad, se está recuperando gracias a que se logró el cumplimiento del suministro de los remedios correspondientes (luego de llevar a la Policía para la notificación correspondiente). Sin embargo, luego de que Suárez volviera de Córdoba -no obstante la medida cautelar- Dosep "no tuvo vergüenza en cobrarle el alojamiento en el que estuvo su madre cuidándola".
"Son una vergüenza. No puedo creer que después de tener una orden judicial que dice que tienen que cubrir el 100% de las prestaciones, lo que incluye traslado, les hayan cobrado", subrayó Placidi.
Por lo pronto, en cuanto al caso de Sofía, habrá que ver si Dosep deja de operar como una instancia burocrática que atenta contra el bienestar y hace lo que corresponde frente a sus obligaciones. Al menos alguien que se ponga una mano en el corazón, sienta un poco de empatía, y resuelva un caso urgente.


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