Se agrava la situación de la fiscal que usó dinero secuestrado en un allanamiento

De gris a oscuro. Así es la evolución de la situación en la que se encuentra la Fiscal de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes Daniela Torres, que a la suspensión en sus funciones que dispuso el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ahora se le sumó la apertura de una investigación penal por haber utilizado para cuestiones personales dinero secuestrado en un allanamiento.

La funcionaria será investigada por los delitos de: incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) en concurso real con desobediencia a una orden judicial (dos hechos), según informó Prensa del Poder Judicial.

Este jueves, en la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías Santiago Ortiz dispuso el avance de la investigación penal como consecuencia de la cuestionada actuación de la fiscal en los hechos ocurridos en el 2024 en un caso de hurto y robo con armas.

La participación de la funcionaria en esa pesquisa, primero derivó en la apertura de un Jury de Enjuiciamiento y, en segundo lugar, en la apertura de una causa penal.

Su actuación es cuestionada porque todo indica que “uso el dinero secuestrado” y que “a los 13 días del procedimiento, debido a una orden de un juez, recién lo devolvió”, recordó una fuente judicial.

El Ministerio Público Fiscal (MPF), al fundamentar la acusación, explicó detalladamente lo que se le atribuye a la funcionaria a través de las irregularidades que detectaron los fiscales que intervinieron el caso de hurto y robo con arma. “Torres solicitó allanamientos y el personal policial secuestró pesos argentinos”, precisaron.

 “La doctora  Torres Incumplió con su deber legal de remitir el dinero secuestrado a la Oficina de Secuestros Judiciales tal como lo establece la Ley, omisión que impidió garantizar la identidad, integridad, trazabilidad y cadena de custodia de los fondos incautados”.

Por su parte, “la Defensa no se opuso a la formulación de cargos pero hizo reserva de utilizar las excepciones y nulidades previstas en el Art. 120 del Código de Procedimiento Penal de San Luis”, informó Prensa del Poder Judicial.

Luego de escuchar a las partes, el juez Ortiz tuvo por formulados cargos provisorios como lo pidió el Ministerio Público Fiscal, en perjuicio de la administración de justicia y tuvo presente la reserva formulada por la Defensa.  En ese sentido “dispuso el inicio de la etapa de Investigación Penal Preparatoria, la cual tendrá un plazo de 60 días”.

La audiencia se llevó a en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial. Como secretaria participó  Natalia Pereyra Cardini y en forma remota los hizo la fiscal suspendida Daniela Torres junto a su defensor, Hugo Scarzo.

Desde la Tercera Circunscripción Judicial, lo hicieron el fiscal César Hugo Salazar Molina y  la adjunta Lucila Giampieri.

Situación ante el Jury

El pasado 22 de mayo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de San Luis aceptó la formación de una causa en contra de  la fiscal Daniela Cristina Torres.

Además, la suspendió en  sus funciones “inter dure el juicio, con derecho a percibir el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración”.