Mega acusación por presuntas estafas inmobiliarias

Once hombres que, de manera ilegal se apropiaron de campos, lotes y viviendas quedaron este jueves en una situación muy complicada ante la Justicia de San Luis, ya que fueron imputados como presuntos integrantes de una asociación ilícita que cometió estafas inmobiliarias.

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó aceptó los cargos que fundamentó el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat Alí: asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y privados, y su utilización en procedimientos judiciales.

Además, en la extensa audiencia celebrada este jueves ordenó, por un plazo de cuatro meses, firma semanal en la Fiscalía de Instrucción N° 1, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes.

En una extensa audiencia de formulación de cargos que se prolongó durante diez horas, el Fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Francisco Assat Alí -junto a la Fiscal Adjunta Ornella Costa-, imputó a once personas por presunta asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y privados, y su utilización en procedimientos judiciales.

Los imputados son: Juan Cruz Domínguez (defensa Hugo Scarso y Carlos Varela); Pablo Héctor Herrera y María de los Ángeles Toscano (defensa Guillermo Sánchez Pagano y Andrés Fernández); Hugo Alberto Guzmán y Juan Alberto Sosa (defensa Hernán Garoglio); Alberto Javier Ochoa (defensa Pablo Garro); Mario Cristian Vega (defensa Carlos Bianchi y Antonella López Astudillo); Carlos Mario Peralta (defensa Martín Pérez Ruta); Roberto Córdoba Gordillo y Héctor David Escobar (defensa de  Carlos Zalazar y Lorena Luna de la Defensoría Oficial en lo Penal N° 1); y Walter Luis Alejandro Terceros (defensa Aldo Arrieta). En tanto que José Héctor Jofré también fue citado, pero no compareció.

También asistieron a la audiencia los abogados querellantes Maximiliano Pipitone y Sebastián Pipitone, así como la Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi y Florencia Bustos Samperisi.

Detalles del caso investigado

Según la imputación, la organización delictiva estaría vinculada a veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —predios, lotes, campos y viviendas— en distintas localidades de San Luis, entre ellas la capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados desplegaron un mecanismo complejo y sostenido en el tiempo, con división de roles y rotación de funciones. La maniobra incluía la simulación de procesos sucesorios y cesiones de derechos, sustentadas en documentación apócrifa, con el objetivo de iniciar juicios de escrituración.

Mediante este engaño a la Justicia, se obtenían sentencias engañosas que otorgaban la titularidad de dominio y la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de los acusados. Para ello se habrían fabricado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés, comprobantes impositivos y timbrados falsificados.

Según Assat Alí y la querella, un elemento clave eran los domicilios denominados “seguros” o “controlados”, que en realidad correspondían a miembros de la propia organización. Gracias a ellos, se evitaba que los verdaderos propietarios recibieran notificaciones judiciales y fueran declarados en rebeldía, allanando el camino para que los jueces —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables.

El Fiscal destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, estimado en más de 4 millones de dólares en inmuebles, y remarcó la complejidad de la causa – la que se investiga desde hace dos años- por la cantidad de imputados y la dificultad probatoria.

Posición de las defensas

Los representantes de los once imputados coincidieron en rechazar los cargos. Manifestaron que la imputación carecía de claridad y especificidad, lo que afectaba el derecho de defensa. Además, dijeron no haber tenido acceso pleno al expediente digital ni a todas las evidencias recolectadas.

También objetaron las medidas de coerción. En particular, la obligación de firma semanal del libro de procesados fue considerada desproporcionada, dado que —según alegaron— sus defendidos nunca intentaron evadir el proceso judicial.

El Defensor Oficial Carlos Zalazar sostuvo que “ni siquiera están dadas las condiciones para una formulación de cargos”.

Por su parte, los defensores Guillermo Sánchez Pagano y Andrés Fernández plantearon la situación de salud de Pablo Héctor Herrera, quien atraviesa un tratamiento médico en otra provincia, por lo que solicitaron que se le exceptuara de ciertas medidas. La jueza hizo lugar a este pedido: Herrera fue exceptuado de la firma semanal y de la prohibición de salir de la provincia, mientras que su pareja, María de los Ángeles Toscano, deberá cumplir con la firma de manera mensual y podrá acompañarlo en su tratamiento.

Al dictar su resolución, la jueza Luciana Banó recordó el carácter provisorio de los cargos en esta etapa inicial del proceso y exhortó a la Fiscalía a garantizar a las defensas el acceso al expediente digital y al maletín fiscal donde se encuentran resguardadas las evidencias recolectadas hasta el momento.

Qué significa una audiencia de formulación de cargos

Prensa del Poder Judicial recordó que la audiencia de formulación de cargos es una instancia procesal inicial en el sistema penal. Allí, el fiscal comunica formalmente a los imputados los delitos que se les atribuyen, la calificación legal de esos hechos y las pruebas iniciales que los sustentan.

Este acto no implica una condena ni equivale a una declaración de culpabilidad. Constituye el inicio formal de un proceso en el que los imputados tienen el derecho a conocer la acusación en su contra y a preparar una defensa adecuada.