La sombra de Spagnuolo y Suizo Argentina salpica a San Luis en la causa por coimas

El caso que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no se limita a Buenos Aires: San Luis quedó en el centro de la polémica tras conocerse que parte de los fondos del préstamo BID 5746/OC-AR, aprobado en 2023 por USD 265 millones, se usaron para una capacitación en el Parque La Pedrera, Villa Mercedes.

Entre el 22 y el 25 de abril de 2025, unos 500 agentes públicos fueron instruidos en accesibilidad. El curso estuvo a cargo de la firma israelí Negitech, pero la facturación se realizó en Argentina a través de BE4 Advisors SRL, la consultora de los hermanos Berensztein. Por esa intermediación, se emitieron facturas por más de $172 millones.

La provincia no administró directamente los fondos del BID, pero sí prestó su infraestructura y convocó a los participantes. El Gobierno puntano difundió la actividad como un logro de política de inclusión. Esa decisión dejó a San Luis asociada a lo que ya se conoce como el “escándalo de la capacitación millonaria”.

Organizaciones de personas con discapacidad cuestionaron la oportunidad perdida: los recursos podrían haberse destinado a obras de accesibilidad en escuelas, hospitales o espacios públicos, en lugar de financiar cursos exprés a precio millonario. El dato que más irrita es que de los USD 265 millones aprobados, apenas un 20% fue ejecutado, y dentro de ese porcentaje apareció la polémica experiencia en La Pedrera.

La otra cara del escándalo se conecta con las compras reiteradas de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. Según decretos publicados entre agosto de 2024 y junio de 2025, la firma recibió contratos por \$738.935.507,04. En un solo acto administrativo, de agosto de 2024, se le adjudicaron \$348 millones en medicación para beneficiarios sin obra social.

La contradicción explotó cuando el gobernador Claudio Poggi desmintió haber contratado a esa droguería durante este año, a pesar de que los decretos oficiales muestran lo contrario. La reiteración de adjudicaciones en tan poco tiempo alimenta las sospechas de favoritismos y negocios garantizados bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.

El epicentro judicial sigue en Buenos Aires, donde el juez federal Sebastián Casanello investiga a Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, por el supuesto cobro de sobornos revelados en audios filtrados. Spagnuolo pidió una prórroga antes de responder si se presentará como imputado colaborador. Mientras tanto, los dueños de Suizo Argentina, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, plantearon la nulidad de la causa alegando que los audios fueron obtenidos de manera ilegal.

Más allá de las estrategias judiciales, lo concreto es que San Luis quedó expuesta en dos fotos incómodas: la de una capacitación millonaria con fondos internacionales y la de compras repetidas a una misma droguería que hoy está bajo sospecha.

El efecto político es ineludible: aunque la provincia no haya tomado las decisiones primarias, aparece como escenario visible de la utilización polémica de recursos. Y en la narrativa del escándalo, San Luis dejó de ser espectadora para quedar atrapada en la trama.