Denuncian uso partidario del Centro de Convenciones de Merlo en acto de la UCR

En la Villa Turística de Merlo se desarrolla por estas horas un encuentro partidario de la Unión Cívica Radical (UCR) con la presencia del presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, utilizando como sede el Centro de Convenciones.

Ante esta situación, el concejal del Partido Socialista Merlino, Daniel Orue, envió una carta al gobernador Claudio Poggi para manifestar su “profunda preocupación” por el uso del espacio público con fines estrictamente partidarios.

“El Centro de Convenciones fue concebido, financiado y presentado ante la comunidad como una herramienta estratégica para promover eventos culturales, académicos y turísticos capaces de generar desarrollo económico y atraer visitantes a nuestra ciudad. Sin embargo, lejos de cumplir con ese objetivo, hoy observamos que está siendo utilizado con fines partidarios, comprometiendo recursos públicos que pertenecen a todos los sanluiseños”, expresó el edil en la misiva.

Orue también señaló una contradicción política en la conducta del radicalismo:
“Resulta particularmente llamativo que durante gestiones anteriores el radicalismo denunciara con firmeza el uso de edificios públicos como ‘unidades básicas’, práctica que fue duramente cuestionada en nombre de la ética pública y la transparencia. Hoy, sin embargo, esas mismas conductas parecen repetirse, contradiciendo aquellos discursos y principios”.

En otro tramo de la carta, el concejal advierte sobre un posible conflicto de intereses al señalar que el ministro de Turismo de la provincia —quien además preside la UCR San Luis— “aparece como una de las figuras centrales en el uso del Centro de Convenciones para actividades partidarias, lo cual agrava aún más la situación y plantea un serio conflicto entre la función pública y los intereses políticos sectoriales”.

Orue respalda su planteo citando la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.º 25.188, que establece que los funcionarios deben abstenerse de utilizar bienes del Estado para beneficio particular. Según remarca, lo contrario implica “una apropiación indebida de los recursos públicos para fines de autopromoción e involucra una conducta no solo moralmente cuestionable, sino también constitutiva de abuso de poder”.

Finalmente, el edil deja constancia de que, pese a la existencia de normas claras, “persiste una práctica abusiva de utilización de recursos públicos para la promoción personal del funcionario de turno”.