Denuncian al intendente Leonardo Rodríguez por presunta usurpación de título y honores
Concejales de la oposición presentaron una denuncia penal para investigar la validez de los actos administrativos firmados tras el vencimiento de la licencia del intendente electo, Juan Álvarez Pinto.
En una jornada marcada por la tensión institucional en la Villa de Merlo, concejales de los bloques opositores formalizaron este viernes una denuncia penal contra el intendente interino, Leonardo Rodríguez. La presentación judicial solicita que se investigue la presunta comisión del delito de usurpación de título y honores, vinculado a sus funciones al frente del Ejecutivo municipal.
La denuncia, encabezada por la concejala Ana Laura Ferrarotti junto a sus pares Lucía Miranda y Daniel Orué, pone la lupa sobre todas las decisiones administrativas, resoluciones, licitaciones y nombramientos realizados entre el 23 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026.
El vacío legal en la licencia
El núcleo del reclamo se basa en que, tras el vencimiento de la licencia original del intendente electo, Juan Álvarez Pinto, no existiría una constancia formal de prórroga comunicada fehacientemente al Concejo Deliberante. Según los ediles, esto implicaría que Rodríguez habría ejercido funciones públicas sin un título válido durante ese periodo, lo cual se encuadra en los artículos 246 y 247 del Código Penal de la Nación.
Ante esta situación, los denunciantes solicitaron que la justicia ordene al Boletín Oficial de San Luis y a la Municipalidad de Merlo remitir copias certificadas de cada disposición dictada en el lapso mencionado para determinar su validez legal.
Incompatibilidad y nuevas presentaciones
La ofensiva judicial no termina en Rodríguez. El bloque opositor anticipó que promoverá una denuncia complementaria contra el propio Juan Álvarez Pinto, quien actualmente se desempeña como ministro de Turismo y Cultura de la provincia. En este caso, la acusación apuntaría a una presunta incompatibilidad de cargos y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde la oposición señalaron que estas medidas buscan "afianzar la transparencia institucional y el respeto a los marcos legales vigentes", asegurando que cualquier acto de gobierno debe estar debidamente respaldado por la normativa municipal para garantizar la seguridad jurídica de la comunidad.
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