Se reaviva una causa contra un acusado de violar a su hija que estuvo prófugo en San Luis

Tras más de 17 años de lucha judicial y social, la causa por abuso sexual infantil iniciada por Florencia Montes de Oca alcanzó dos instancias: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revisará la prescripción de la acción penal y, de manera paralela, la Cámara de Diputados de la Nación utilizó el expediente como un caso testigo para impulsar la denominada “Ley Segovia”.

Florencia tenía 14 años cuando, el 21 de febrero de 2009, se presentó ante las autoridades para denunciar que entre los 6 y los 12 años había sido víctima de abuso sexual con acceso carnal por parte de su progenitor, Jorge Osmar Montes de Oca. Tras ser enfrentado por la madre de la víctima, el acusado se dio a la fuga. La investigación judicial acreditó pericias psicológicas y ginecológicas, activando un pedido de captura nacional e internacional; sin embargo, Montes de Oca permaneció prófugo durante 13 años.

La localización del acusado no derivó de las tareas de búsqueda judicial, sino del impulso de la propia víctima. Tras ser alertada en 2022 por la fiscalía sobre el riesgo inminente de prescripción, Florencia decidió visibilizar públicamente su testimonio. La difusión mediática derivó en el aporte de un testigo que ubicó al imputado residiendo en la provincia de San Luis, donde atendía un comercio al público bajo una falsa identidad.

A pesar de ser detenido en la vía pública en San Luis tras el aviso de la víctima, la Justicia le otorgó la libertad días después al considerar que la acción penal había prescripto. Primera instancia y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declararon extinguida la causa, decisión ratificada posteriormente por la Sala III de Casación.

Sin embargo, el pasado 6 de octubre, los jueces Ricardo Borinsky y Daniel Carral, integrantes del Tribunal de Casación Penal bonaerense, declararon parcialmente admisible un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la querella.

De esta manera, el expediente pasó a la Suprema Corte bonaerense, que deberá resolver si los fallos anteriores omitieron aplicar convenios y tratados internacionales con jerarquía constitucional orientados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a delitos de violencia sexual.

Impacto en la Cámara de Diputados

La repercusión del caso llegó al Congreso Nacional en el marco del debate en comisiones sobre la “Ley Segovia”, iniciativa que busca reformar el Código Penal para suspender o interrumpir el plazo de prescripción de las causas de abuso sexual infantil mientras el imputado permanezca prófugo.

Durante el debate legislativo, la diputada Luciana Potenza expuso la situación de Montes de Oca para ejemplificar los vacíos normativos vigentes: “Es el caso de un hombre que estuvo prófugo 13 años. Cuando la víctima lo encuentra, la respuesta de la Justicia es que la causa prescribió. No podemos permitir que la fuga sea un beneficio procesal para el abusador”.

La voz de la víctima

En diálogo con El Diario de la República, Florencia reflexiónó sobre el alcance de estas novedades y la importancia de que la sociedad donde hoy reside el acusado conozca los hechos.

“En 2021/2022 me llamaron para decirme que la causa iba a prescribir. Sentí que se me caía el mundo encima, me sentí tan indefensa como cuando tenía 6 años. Ahí decidí que, si no había una condena judicial, al menos debía haber una condena social. Mi progenitor se fue a San Luis, vivió ahí con total impunidad y con otra identidad. Cuando lo hallamos, estuvo solo cuatro días preso antes de que la Cámara le diera la libertad por prescripción”, manifestó.

Sobre el tratamiento del proyecto en el Congreso y la llegada del expediente al máximo tribunal bonaerense, Florencia remarcó: “Que mi historia haya llegado a la Cámara de Diputados en el debate de la Ley Segovia me genera emociones muy profundas. Necesitamos que estas causas no prescriban cuando los abusadores se fugan, porque la fuga no puede ser un premio ni un beneficio. Pido y exijo que los jueces entiendan que detrás de cada expediente hay una vida. Necesito que en San Luis sepan con quién conviven y el riesgo que eso implica”.