El pez por la boca muere: crecimiento desmedido de la planta política

Lo que comenzó como un rumor de pasillo en diciembre de 2023 terminó por convertirse en una cruda realidad institucional. El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, fue quien —quizás traicionado por la propia necesidad de transparencia que su cargo pregona— terminó con el misterio: el Ejecutivo provincial sostiene hoy una estructura de 5.800 funcionarios públicos.

Bazla hizo este revelación al anunciar que "a 5.800 funcionarios públicos le realizarán el análisis de narcotest", información que fue replicada por toda la cadena de medios que regentea el gobierno poggista. 

La cifra no solo es alarmante por su magnitud, sino por lo que representa en términos de prioridades presupuestarias. En un contexto de crisis, el dicho popular cobra más fuerza que nunca: 'el pez por la boca muere'. La narrativa de la austeridad se desmorona frente al peso de los números oficiales.

Entre el nepotismo y los "amigos del poder"

La descripción de este organigrama mastodóntico encaja perfectamente en las definiciones más rancias de nepotismo y amiguismo. Bajo el paraguas de los "cargos de confianza", se ha montado una red donde los lazos de sangre y las lealtades políticas pesan más que el currículum o la idoneidad.

Esta práctica no solo degrada la calidad de la gestión pública, sino que genera una injusticia flagrante: mientras se firman decretos para sostener a la casta provincial, el mérito y la carrera administrativa son ignorados. El clientelismo premium parece ser la moneda de cambio para devolver favores de campaña.

Las prioridades invertidas de Poggi

Con un esquema de 5.800 sueldos jerárquicos que alimentar, queda claro por qué la gestión del gobernador Claudio Poggi parece tener las manos atadas a la hora de discutir paritarias. La prioridad nunca serán los sueldos de los empleados públicos cuando hay que sostener un organigrama diseñado para el compromiso político antes que para el servicio ciudadano.

A esto se suma la opacidad administrativa. Todavía resuenan las dudas sobre los más de 100 contratos fuera de escala firmados por decreto aquel último día de 2023. Una "caja negra" que se sigue alimentando sistemáticamente y que demuestra que, para este Gobierno, el ajuste siempre empieza por el eslabón más débil, nunca por el despacho del funcionario.