Escracharon a un empresario que se llevó a la joya de River

Este martes, en distintos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparecieron carteles en contra del representante de jugadores, Martín Guastadisegno, quien es el responsable de la polémica salida de Luca Scarlato. 

El mensaje de los carteles fue más que claro: “ Martín Guastadisegno ladrón y vaciador de clubes“. De esta forma, la extraña salida de un juvenil, en condiciones inexplicables, legó al plano de la vía pública y manchó por completo la imagen del verdadero responsable de este triste desenlace para River Plate. 

El caso Luca Scarlato se convirtió en uno de los episodios más sensibles del fútbol argentino reciente por el choque entre el derecho legal de las familias y el reclamo histórico de los clubes formadores. Scarlato, categoría 2009, era una de las grandes promesas de la séptima división del “Millonario” y un nombre habitual en las convocatorias a selecciones juveniles. 

A fines de 2025, cuando el club buscaba asegurar su continuidad con la firma del primer contrato profesional, el jugador decidió no rubricarlo.

La decisión fue respaldada por su entorno familiar y por su representante, Martín Guastadisegno, quien gestionó la salida del futbolista hacia el Parma de Italia en enero de 2026. El mecanismo elegido fue la figura de la patria potestad, una herramienta legal que habilita a los padres de un menor de edad a cambiar su residencia y actividad laboral o deportiva. 

En la práctica, esta vía permite que el juvenil emigre con el pase en su poder, dejando sin efecto los acuerdos formativos previos y evitando que el club reciba una compensación inmediata.

Desde River Plate, la reacción fue de fuerte malestar. El club entendió que se había vulnerado el espíritu del trabajo formativo realizado durante años y denunció que el accionar del representante respondía a un patrón reiterado: captar juveniles, aprovechar vacíos reglamentarios y concretar salidas sin diálogo ni resarcimiento para las instituciones que los desarrollaron. 

Con ese argumento, River elevó una denuncia ante la FIFA y dejó abierta la posibilidad de acciones legales contra el Parma.

El conflicto escaló rápidamente y tomó dimensión pública. Los carteles contra Guastadisegno, con mensajes duros, aparecieron en distintos puntos del Área Metropolitana y reflejaron el repudio de parte del ambiente futbolero. 

Más allá de los modos, el episodio reavivó una discusión de larga data: hasta qué punto la normativa protege a los menores y a los clubes frente a intereses económicos tempranos.

En el plano institucional, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una decisión de impacto. AFA resolvió que los juveniles que se marchen del país amparados en la patria potestad y sin dejar resarcimiento a su club formador no serán convocados a las selecciones juveniles. La medida buscó desalentar estas salidas y fortalecer la posición de los clubes locales, aunque también generó debate sobre los derechos de los futbolistas jóvenes.

El desenlace llegó lejos de los flashes. Para evitar un litigio prolongado en FIFA, el Parma acordó con River Plate un porcentaje de una futura venta del jugador, cerrando así el conflicto económico. Si bien el pase ya estaba consumado, el acuerdo funcionó como un reconocimiento al trabajo formativo del club argentino.

El caso Scarlato dejó una enseñanza incómoda para todos los actores del sistema: la necesidad de actualizar reglas, equilibrar derechos y responsabilidades, y proteger a los juveniles sin cercenar su libertad. Entre la ley, el negocio y la formación, el fútbol argentino vuelve a mirarse al espejo.