El guardián de la ética que hoy debe explicarse ante la Justicia por la cosecha perdida

Hay ironías que la política ofrece con una crudeza difícil de ignorar. Una de ellas atraviesa hoy la figura del secretario de Ética y Control de Gestión del gobierno provincial, Ricardo Bazla, quien se encuentra de licencia en su cargo mientras debe responder ante la Justicia por hechos ocurridos durante su propia gestión.

Bazla no es un desconocido en el escenario político provincial. abogado de Villa Mercedes, comenzó a ganar notoriedad pública cuando impulsó una serie de denuncias contra la gestión municipal de Maximiliano Frontera, entonces intendente de la ciudad y también integrante del oficialismo provincial. Aquellas presentaciones lo posicionaron como una de las voces más críticas, mientras era vocal del Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, contra la administración municipal y lo proyectaron en medios que por entonces acompañaban la construcción política de Claudio Poggi, que en aquel momento ocupaba el lugar de opositor.

La política, sin embargo, suele reorganizar sus piezas con la velocidad de un tablero en movimiento. Bazla cuestionaba a Frontera. Poggi también era opositor de Frontera. Con el paso del tiempo las alineaciones cambiaron: Poggi llegó a la gobernación, Frontera continuó al frente del municipio de Villa Mercedes y Bazla pasó a integrar el gabinete provincial bajo la órbita del actual mandatario.

Las posiciones cambian, las alianzas se reacomodan y los discursos muchas veces se adaptan a ese nuevo escenario.

Lo que hoy genera interrogantes no es tanto esa dinámica política —habitual en dirigentes que arriban a la política por interes propios— sino el rol específico que Bazla ocupó dentro del gobierno: el de custodio de la ética pública y controlador de la gestión estatal.

Un cargo que, por definición, exige una vara más alta que la del resto de los funcionarios.

Sin embargo, la figura del funcionario quedó envuelta en una polémica que nada tiene de menor. Bazla deberá explicar ante la Justicia qué ocurrió con una cosecha de maíz vinculada a un campo cuya explotación se encuentra en disputa judicial. La denuncia fue presentada por quienes se consideran perjudicados por la desaparición de esa producción agrícola.

El caso se entrecruza con otro conflicto: la situación del campo conocido como El Caburé, sobre el cual existe un litigio respecto de quién tiene derecho a explotarlo. Mientras desde el gobierno provincial se ha insinuado que la cuestión ya está prácticamente resuelta e incluso se ha planteado mediáticamente el escenario como si la expropiación estuviera consolidada, quienes venían trabajando esas tierras sostienen que tal expropiación nunca se concretó en los términos legales correspondientes.

Ese entramado jurídico, todavía lejos de cerrarse, es el contexto en el que ahora aparece el nombre de Bazla.

La pregunta que inevitablemente surge es otra: ¿cuán ético resulta que el funcionario encargado de vigilar la ética pública tenga que pedir licencia para defenderse de una acusación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro del ámbito de la gestión?

Más aún cuando el tema no surgió a partir de un mecanismo de control interno ni de una auditoría institucional, sino de una denuncia presentada por particulares.

Es allí donde el contraste se vuelve inevitable. El Bazla que construyó su figura pública denunciando irregularidades y cuestionando la conducta de otros funcionarios aparece hoy en una posición completamente distinta: la del funcionario que debe dar explicaciones.

La Justicia tendrá ahora la última palabra sobre los hechos concretos que se investigan. Pero la discusión política ya está instalada.

Porque más allá del desenlace judicial, queda flotando una cuestión de fondo: si el gobierno provincial sostiene que la ética y el control de gestión son pilares centrales de su administración, deberá demostrarlo también cuando las dudas recaen sobre uno de sus propios funcionarios.

La licencia de Bazla puede interpretarse como una señal de prudencia institucional o como una forma de ganar tiempo mientras avanza la causa. Lo cierto es que el funcionario que supo presentarse como un paladín del control público enfrenta hoy un momento decisivo para su credibilidad.

Y también para la del propio gobierno.

Habrá que ver, entonces, qué explicaciones surgen en los tribunales y si el gobernador Claudio Poggi decide sostener políticamente a uno de sus funcionarios más incómodos de las últimas semanas.

Porque cuando la ética se convierte en bandera política, cada caso termina midiendo algo más que la responsabilidad individual de un funcionario: mide la coherencia del poder.