Jubilada docente apunta burocracia y desamparo por parte de Dosep

La situación de los afiliados de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) que se encuentran fuera de San Luis suma un nuevo y agotador capítulo. Juana Analía Garay, docente jubilada que comenzó a aportar al sistema puntano en el año 1989, denunció en diálogo con El Diario de la República el calvario administrativo que atraviesa para acceder a su derecho básico a la salud en la provincia de Córdoba. 

El conflicto se originó tras la ruptura del convenio que la obra social puntana mantenía con APROSS, la prestataria de la provincia vecina.

Según relató la damnificada, las autoridades de Dosep habían prometido una transición fluida hacia la empresa Sancor Salud para garantizar la continuidad de las prestaciones. Sin embargo, Garay aseguró que ese traspaso nunca se concretó de manera formal y que, durante el último año, debió manejarse mediante cartas de presentación autorizadas por un médico auditor para poder asistir a distintos sanatorios cordobeses.

Esta modalidad, que le permitió realizar algunos chequeos preventivos, se interrumpió abruptamente hace tres meses, dejándola en un estado de absoluta incertidumbre.

La docente describió un laberinto de exigencias que calificó como un "manoseo" por parte de la institución. En los últimos noventa días, comenzaron a exigirle la presentación de planillas de afiliación a Sancor Salud, pero el proceso se ha convertido en un círculo vicioso de correos electrónicos. 

Cada vez que envía la documentación, recibe respuestas que dilatan la solución, alegando que las imágenes están borrosas o solicitando el DNI escaneado nuevamente. En la última instancia, tras haber cumplido con todos los requisitos, le exigieron que actualizara la fecha de la planilla, lo que reinició el trámite una vez más.

A esta traba administrativa se sumó una incomunicación total por parte del organismo. Garay afirmó que intentar comunicarse con la sede central en San Luis es una tarea estéril, ya que los teléfonos de la Autopista de la Información no son atendidos o permanecen desconectados. 

Ante la falta de respuestas por las vías oficiales y la imposibilidad de establecer un diálogo con los responsables de afiliaciones, la jubilada decidió recurrir a los medios de comunicación con la esperanza de que el Gobierno de San Luis intervenga en su caso y en el de otros residentes en Córdoba que se encuentran en la misma situación.

"Siento que están jugando conmigo después de haber aportado toda mi vida", expresó la docente con indignación.