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“La sentencia de muerte la firmé al asumir como delegada gremial”

Romina Miranda expuso que en febrero de este año fue dada de baja de la delegación de Villa Mercedes, tras una serie de hechos de “persecución, hostigamiento y violencia”. Dice que “el infierno” arrancó desde que fue elegida como dirigente de ATE. 

Por redacción
| Hace 11 horas

El 13 de septiembre de 2024 Romina Miranda asumió como delegada del gremio de ATE en delegación de la Dosep en Villa Mercedes y considera que desde ese día comenzó a ser blanco de actos de persecución, discriminación y hostigamiento. “Esa fue mi sentencia de muerte”, sostuvo la trabajadora que, tras un vínculo laboral de 16 años, en febrero de este año fue dada de baja del Estado provincial, pese a estar bajo “certificado psiquiátrico”.

 

 

En un escrito que le envió a El Diario de la República, Miranda pidió visibilizar que su despido del organismo gubernamental fue “sin causales” y que fue víctima de una trama de “persecución, hostigamiento, maltrato y hasta violencia”. Señala como una de las principales responsables de su desvinculación, a la delegada de la Dosep y exconcejala justicialista, Lucrecia Soria.

 

 

En el texto que le envió a este medio sostiene entre otros conceptos:

 

 

- “Mi pesar viene desde el 2024.

 

 

-Cuando Lucrecia Soria asume el día 10 de diciembre de 2023 como delegada de la Dosep, yo me desempañaba como secretaria del área auditoria médica, y el trato era muy ameno. Ella desayunaba todos los días conmigo y mis compañeras. Hablábamos temas personales no solo de trabajo y era muy confortable el trato.

 

 

-El 28 de febrero de 2024 (como todos los años) pido por medio del mail del personal de Recursos Humanos (quien está a cargo de Ana Ollier), autorización para las salidas a buscar a mi hijo a su escuela ya que soy su único responsable. Tanto Soria como Analía Becerra, que son las 2 jefas en la delegación, me dijeron que podía acceder a esas salidas a buscar a mi hijo.

 

 

-Pero todo cambio para mi pesar cuando el 13 de septiembre de 2024 cuando asumí como delegada del gremio de ATE. Esa fue mi sentencia de muerte. (Soria) dejo de saludarme, de hablarme y cuando debía hacerlo, lo hacía de una forma muy despectiva.

 

 

-El 14 de octubre 2024, me anotició con que me realiza un llamado de aduciendo mis salidas fuera del horario de trabajo, cuando esto ya estaba autorizado por ellas con anticipación. Pero, como no tenía pruebas, se agarró de esto y me cambio de área. Esa fue la primera vez.

 

 

-A fines del año 2024 me detectan un tumor en la tiroides y con mi médico programo la cirugía para el día 7 de marzo de 2025, ya que en mi familia hay antecedentes de dicho cáncer. Como la cirugía era muy costosa, aproximadamente 4 millones y medio de pesos, le pido encarecidamente a la jefa Analía Becerra si podía darme mayor cobertura para poder pagar menos. Ella me otorga el 90%, entonces pido el dinero prestado y lo abono inmediatamente en su totalidad.

 

A mediados de mayo y principios de junio del 2025, Soria vuelve a generarme la cirugía y pasa por todos los pasos legales de la obra social y me la vuelve a cobrar. Me la descuentan por planilla sin tener mi autorización ni mi firma para todo esto.
 

 

-Presenté, junto con Leticia Latini, notas en la delegación que me fueron rechazadas, carta documentos que me fueron rechazadas y hasta una nota extensa con todas las pruebas al Delegado Principal de Dosep San Luis Capital.  De ninguna obtuve respuesta. Hablé a gobernación, me hicieron enviar un mail con toda la documentación. La única respuesta fue un número de expediente donde iban a rever la situación, mientras tanto a mí me descuentan algo que ya estaba pago.

 

 

-A fines de julio me dan el alta y vuelvo a retomar actividades y me encuentro con que ya no tengo más lugar de trabajo, sino que iba a ver (Lucrecia) Soria donde me ponía.

 

 

-Estuve sentada en las bancas de espera hasta aproximadamente las 11 de la mañana, hasta que me pusieron en mesa de estrada sin elementos de trabajo y sin poder hacer nada.

 

 

-De ahí en más fue una tortura todos los días. Presente pedidos para ir a buscar a mi hijo a la escuela, lo que me fue denegado. Quería trabajar y no me dejaba.  No me dejaba moverme del lugar, no me dejaba hablar con afiliados y afiliadas, no me dejaba hablar con mis compañeros de trabajo. No podía hacer nada y si lo hacía me volví a apretar con un llamado de atención.

 

 

-Recurrí en varias oportunidades al gremio y nunca tuve respuesta. Me dieron la espalda.

 

 

-A finales del 2025 comencé terapia psiquiátrica porque no doy más. Estoy medicada, aguante hasta donde más puede, hasta que el 30 de enero de 2026 presente certificado psiquiátrico. Y, el día lunes 9 de febrero me dan la baja”.

 

 

 

Tras este relato, Romina Miranda indicó que hace 15 días, con asesoramiento jurídico, hizo presentaciones (para que se revea su situación) en Recursos Humanos del Ministerio de Salud, en la Gobernación y en Legales de la Dosep, “pero aún no tenemos respuestas”.

 

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