El Caburé: el juez Cuello ante una causa que puede prestigiarlo o exponerlo al poder

La causa por el escándalo de El Caburé no deja de escalar y, en los pasillos de tribunales, el nombre que más se repite por estas horas es el del juez de Garantía Alfredo Cuello. No es casual: su decisión de admitir no solo la imputación impulsada por el fiscal Leandro Estrada contra Ricardo André Bazla (exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno provincial), sino también la ampliación de cargos planteada por la querella, lo colocó en un lugar incómodo y a la vez determinante.

El magistrado avaló una batería de delitos que exceden la defraudación contra el Estado y que ahora incluyen figuras como falsedad ideológica, estafa procesal, peculado y abuso de autoridad. Esa decisión, que fue leída como un gesto de independencia, también elevó la temperatura política de un expediente que ya generaba fuerte magnetismo en la escena judicial y gubernamental.

Según lo expuesto por el fiscal, la maniobra habría implicado la disposición de la cosecha de maíz sin respetar los procedimientos administrativos previstos en la Ley de Contabilidad, lo que derivó en un perjuicio para el Estado provincial. En esa misma línea se mantuvo la Fiscalía de Estado, que adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y respaldó la hipótesis central de la acusación.

El eje está puesto en lo ocurrido tras la recuperación del campo en 2024, cuando se habrían realizado contrataciones sin respaldo formal, alterando la condición patrimonial del establecimiento.

Pero lo que terminó de sacudir la audiencia fue la ofensiva de la querella, encabezada por Pascual Celdrán y Alejandro Viano, quienes hablaron de una posible continuidad de actos delictivos y pusieron en duda incluso la titularidad del maíz cosechado. Esa línea también fue finalmente receptada por el juez Cuello.

En paralelo, la defensa intentó sin éxito voltear la causa con un planteo de nulidad, mientras que las medidas cautelares impuestas —firma mensual, prohibición de salida del país y restricciones de contacto— dejaron en claro que el expediente recién empieza.

En ese contexto, en tribunales ya no se habla solo del caso, sino de lo que puede venir. Son rumores, versiones que corren por lo bajo, pero que coinciden en un punto: Cuello está frente a una oportunidad profesional de esas que aparecen pocas veces. Una causa de alto impacto, con derivaciones políticas sensibles y la posibilidad concreta de construir prestigio o quedar atrapado en una lógica de poder.

El trasfondo es aún más delicado. En voz baja, algunos deslizan que el expediente judicial podría ser utilizado como una válvula de escape dentro del oficialismo. Entregar a un “propio”, como Ricardo André Bazla, para proteger a otros nombres de peso que orbitan en la mesa chica o en el círculo rojo del poder provincial.

En ese listado que circula en ámbitos judiciales aparecen el ex Fiscal de Estado y actual miembro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza; el ministro Federico Trombotto y los hermanos Diego y Gonzalo Amondaraín, todos mencionados en la ampliación de la denuncia de Pascual Celdrán.

Así, el juez quedó en el centro de una escena que excede lo estrictamente judicial. Investigar al oficialismo, sostener la línea de independencia y resistir eventuales presiones políticas no será sencillo. Pero es, justamente, el tipo de desafío que define carreras.

El Caburé ya no es solo una causa. Es, para Cuello, una prueba de fuego. Y, en tribunales, todos miran mientras se repiten las palabras "prestigio y seriedad".