Fuego para uno, blindaje para otro: la balanza desmedida de Poggi en El Caburé

En la provincia, la "ética pública" parece haberse convertido en un concepto elástico, que se estira para asfixiar a los enemigos y se encoge para proteger a los propios. El escándalo de El Caburé, donde una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares se esfumó bajo custodia estatal como por arte de magia, ha dejado al descubierto una estructura de impunidad que salpica las oficinas más altas de Terrazas del Portezuelo.

El gobernador, Claudio Poggi, ha hecho de la "transparencia" su principal bandera de batalla. Sin embargo, los hechos recientes demuestran que su balanza de justicia está peligrosamente desequilibrada. De acuerdo a algunos analistas, el contraste es obsceno, impúdico: por un lado, la incineración pública de Darío Oviedo Helfenberger; por el otro, el blindaje incondicional a Ricardo André Bazla.

El funcionario "fusilado" y el secretario "bendecido"

Cuando estalló el caso, Poggi no dudó en "soltarle la mano" a Oviedo Helfenberger, ex director de Legalidad y Ética Pública. Lo expuso, lo denunció y lo utilizó como ejemplo de que en su gestión no se encubría a nadie. Pero la versión de Oviedo es diametralmente opuesta: afirma que fue una "maniobra de distracción" y que Bazla armó una falsa denuncia con instrumentos apócrifos para salvar acuerdos privados y proteger a los verdaderos responsables.

Hoy, la realidad le da una bofetada al discurso oficial. Ricardo André Bazla —quien fuera el inquisidor de la ética en San Luis— está hoy hundido bajo una imputación récord de ocho delitos: Defraudación a la Administración Pública y Estafa Procesal, Peculado, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica, Hurto y Utilización de documentos públicos agravados.

Cualquier funcionario con semejante prontuario judicial en una causa de millones de dólares debería estar, como mínimo, alejado de cualquier esfera de poder. Pero en San Luis, Bazla no solo está libre, sino que en los pasillos de la Casa de Gobierno se habla de un nuevo refugio para él como "asesor". ¿Qué sabe Bazla que lo hace intocable? ¿A quiénes protege su silencio?

La comparación que indigna: El caso Mayte Reina

Para entender la desproporción de la justicia puntana, basta mirar hacia Villa Mercedes. Allí, Mayte Reina del Portugal Escudero cumple prisión preventiva por una estafa con la venta de terrenos. Su delito es grave y la justicia actuó con la celeridad que corresponde: 21 familias damnificadas y una mujer tras las rejas.

Sin embargo, surge la pregunta inevitable: ¿Por qué Mayte Reina está presa y Ricardo Bazla camina libre por la calle? La escala del daño en El Caburé es monumental, involucra fondos públicos, documentos falsos y la desaparición de una cosecha entera bajo las narices del Estado. 

La mujer de los terrenos no tiene el "blindaje celestial" del gobernador; Bazla, al parecer, tiene la llave de algún secreto que Poggi no quiere que se ventile.

La marca de la corrupción

La mancha de aceite se expande. En la misma causa aparecen mencionados pesos pesados como el ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y los ministros Federico Trombotto y Gonzalo Amondaraín. El sistema parece cerrarse sobre sí mismo para garantizar que el hilo no se corte por lo más grueso.

Poggi se refirió a los involucrados como "empresarios pícaros". Pero la picardía no es solo privada; es, sobre todo, estatal. Mantener a Bazla bajo el ala protectora del Gobierno mientras la justicia lo procesa por ocho delitos no es un acto de lealtad política, es un acto de encubrimiento institucional.

La sociedad ya no quiere "fotitos" de transparencia ni discursos de moralidad. Quiere saber dónde está el maíz de El Caburé y por qué, en la San Luis de Poggi, la ley solo muerde a los que no tienen oficina en Terrazas del Portezuelo.

El "ángel de la guarda" de Bazla debería explicar, más temprano que tarde, por qué su ética termina justo donde empiezan sus amigos.