Sindicatos docentes denuncian que el nuevo presentismo es un "ajuste" que vulnera derechos
AMET y UDA San Luis se manifestaron en contra del adicional "Enseñanza en Aula". Advierten que la medida es discriminatoria y remarcan que afecta la integridad del salario.
El malestar en el sector educativo se profundizó en las últimas horas tras la publicación del Decreto Nº 3864-MHIP-2026, que instituye un adicional por presentismo para los docentes de la provincia.
A través de duros comunicados, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) expresaron su rechazo absoluto, considerando que la medida es "ilegítima e inconstitucional".
Desde AMET Regional San Luis, calificaron la norma como "manifestamente discriminatoria y regresiva". El gremio sostiene que el adicional denominado “Enseñanza en Aula” excluye arbitrariamente a docentes que cumplen funciones esenciales pero no están frente al grado, como directivos, administrativos y equipos de orientación.
Además, denunciaron que el carácter no bonificable del monto afecta la integridad del salario y la carrera docente, al tiempo que impone restricciones "irrazonables" sobre las licencias por enfermedad.
Por su parte, la seccional local de UDA calificó el decreto como "otro golpe más a la educación". El sindicato advirtió que la medida profundiza las brechas salariales y carece de un aumento genuino, funcionando más como un mecanismo para "disciplinar" que como una recomposición real.
Asimismo, recordaron que un intento similar en el año 2004 fue frenado por la lucha docente y exigieron al Gobernador que "respete la dignidad de quienes se esfuerzan a pesar de la falta de herramientas".
La postura de los gremios es de máxima alerta. AMET ya ha intimado al Ejecutivo Provincial a convocar de manera urgente a paritarias para una negociación real. En caso de que el Gobierno no dé marcha atrás con la derogación del decreto, los representantes de los trabajadores técnicos adelantaron que iniciarán acciones legales, incluyendo recursos administrativos de revocatoria y amparos judiciales por inconstitucionalidad.
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