Austeridad de fachada: Poggi refugia en una fundación a funcionarios desplazados

El reciente envío de la Ley de Ministerios por parte del Ejecutivo provincial fue anunciado con bombos y platillos como un plan de reestructuración pública. Bajo las banderas de la eficiencia administrativa y el recorte del gasto, la medida buscó "oxigenar" una gestión cercada por una profunda crisis política y calmar el malestar de la opinión pública. 

Sin embargo, detrás de la aparente "tijera" estatal, la realidad emerge como una estudiada maniobra de reacomodamiento para resguardar a los propios. Lo que se vendió como austeridad terminó siendo humo para la tribuna.

El mecanismo de contención montado a espaldas de la ciudadanía tiene un epicentro claro: la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). Desde allí se ha estructurado una fundación que, lejos de cumplir un rol pedagógico o social, funciona hoy como el aguantadero legal donde se está recolocando a la primera línea de los funcionarios que, teóricamente, habían quedado afuera con el achique del Estado. Cambió la figura jurídica, pero el financiamiento sigue saliendo de las arcas públicas.

Los ejemplos más nítidos de este esquema se encuentran en los equipos que pertenecían a áreas sensibles como Ética Pública y Control de Gestión. Entre los nombres señalados aparecería el de Alberto Testa, pero el grueso de la nómina responde directamente al armado de Ricardo André Bazla. 

Cabe recordar que Bazla debió ser separado de su cargo tras el escándalo por el robo millonario de una cosecha de maíz en el establecimiento "El Caburé", un predio que estaba bajo su custodia institucional. 

Aquel episodio desnudó una red de complicidades que salpicó con una brasa ardiente al entonces Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza; al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; y al asesor Diego Amondarain, hermano del actual ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

A pesar de la gravedad de los hechos, los "herederos" políticos de Bazla seguirían cobrando puntualmente bajo el amparo de la nueva fundación.

Es por ello, que en los pasillos de la UPRO empezaron a circular los nombres y apellidos de "los beneficiados". A modo de trascendido, se habla de Mariela Olguin, de Diego Becerra, de Alejandro Brito (chofer de Bazla), de Margarita Paula López (fotógrafa de Bazla), de Miguel Bustos, Lino Torres y Adrián Echenique, entre otros. 

La misma suerte correrían los cuadros que acompañaban a Diego Masci, exresponsable de la Secretaría de Comunicación, quienes también encontrarían refugio en este limbo institucional.

La pretendida reforma del Estado no fue más que una puesta en escena. Mientras el discurso oficial simula un combate contra los privilegios de la política, la creación de estas estructuras paralelas demuestra que el verdadero objetivo no era eliminar el gasto innecesario, sino mantener a salvo la caja de los militantes y funcionarios leales. Un juego de simulación donde todo cambia para que, en los bolsillos de siempre, nada cambie.