Judicializan la convención radical y denuncian fraude en la conducción partidaria

La disputa por el control de la Unión Cívica Radical en San Luis escaló en las últimas horas con una fuerte judicialización, acusaciones cruzadas y denuncias de irregularidades en la última convención partidaria, cuyos resultados podrían quedar bajo revisión de la Justicia Federal.

El dirigente radical José Riccardo, integrante de una de las líneas internas del partido, cuestionó la legalidad del encuentro convocado por el actual presidente partidario, Juan Álvarez Pinto, a quien además denunció por una supuesta incompatibilidad para ejercer ese cargo. Según explicó, presentó una demanda ante el juzgado federal solicitando que se declare inválida su conducción y, en consecuencia, todas las resoluciones firmadas bajo esa condición, incluida la convocatoria a la convención.

Aunque el magistrado no hizo lugar a una medida cautelar para frenar la realización del encuentro, sí aceptó tratar la cuestión de fondo. Esa decisión abrió un proceso judicial que, según Riccardo, podría resolverse en un plazo relativamente breve debido a que el expediente se encuadra en la ley de partidos políticos. De prosperar su planteo, todo lo actuado en la convención quedaría sin efecto.

La tensión no se limita al plano judicial. Riccardo calificó a la convención como “escandalosa” y habló de maniobras fraudulentas durante el desarrollo virtual del encuentro. Entre las irregularidades denunciadas mencionó el caso de una convencional de Villa Mercedes, Elena Pastor, perteneciente al espacio Identidad Radical, quien —según relató— no habría podido acreditarse ni votar pese a estar conectada desde el inicio. Esa exclusión, sostuvo, impactó directamente en el quórum y en el número necesario para aprobar modificaciones impulsadas por el oficialismo partidario.

En el centro de la polémica aparecen reformas a la carta orgánica que, de acuerdo a las críticas internas, buscarían habilitar nuevas reelecciones dentro del partido y eliminar exigencias vinculadas a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para candidatos y funcionarios radicales.

Ricardo cuestionó con dureza esa agenda y planteó una contradicción política: mientras el radicalismo acompaña en el debate provincial la idea de limitar mandatos en una eventual reforma constitucional, internamente impulsaría cambios para flexibilizar sus propias restricciones. “Es exactamente lo contrario de lo que dicen defender”, resumió.

Además, el dirigente vinculó parte de esta interna con sectores cercanos al gobierno provincial y denunció un “manejo inescrupuloso” de las normas partidarias para sostener intereses personales o de grupo.

Con el expediente ya en marcha, la resolución judicial aparece como el próximo capítulo decisivo de una crisis que dejó expuestas las fracturas del radicalismo puntano y amenaza con profundizar aún más una interna que ya se trasladó de la política a los tribunales.