El exjuez Ruta fue procesado por una maniobra para perjudicar a un banco

El exjuez Agustín Ruta, junto al exsecretario judicial Marcos Figueroa y el abogado Juan Cruz Domínguez fueron procesado por presuntas irregularidades vinculadas a la tramitación de una ejecución de sentencia derivada de una causa civil contra Banco Macro.

Al exmagistrado y al funcionario los acusan de coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, mientras que a Domínguez le imputaron falsedad ideológica.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía Nº 4 a cargo de Luciana Banó. Por el Ministerio Público Fiscal participó el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 3, Esteban Roche como querellante, en representación de la familia del abogado fallecido Néstor Nóbile, lo hizo Marcos Juárez.

Marcos Figueroa es asistido por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez; Juan Cruz Domínguez por Gabriel Varela y Hugo Scarzo; y Agustín Ruta por Carlos Bianchi Durán.

Un repaso de la causa

Según el repaso de los hechos que hizo Fiscalía y que replicó el área de prensa judicial, la causa tuvo como raíz un litigio civil iniciado en 2010 entre la empresa Codapri S.A., representada por Domínguez, y Banco Macro, patrocinado por los abogados Néstor Nóbile y Claudia Rocha.

-Tras años de trámite judicial, Codapri obtuvo una sentencia favorable y, paralelamente a los recursos interpuestos por el banco, se inició un incidente de ejecución de sentencia destinado a obtener el cobro de los montos reconocidos judicialmente.

- El 10 de diciembre de 2020 se habría confeccionado un acta extraprocesal, es decir, un documento elaborado por fuera de las actuaciones ordinarias del expediente para dejar constancia de una supuesta reunión mantenida en el Juzgado Civil Nº 4 entre representantes de ambas partes.

-De acuerdo con el contenido del acta, los abogados Juan Cruz Domínguez y Néstor Nóbile habrían acordado no recurrir determinadas decisiones judiciales vinculadas al embargo, el plazo fijo y la disponibilidad del dinero.

-La Fiscalía asegura que esa reunión nunca existió y que el acta es falsa.

-Uno de los puntos centrales de la acusación es que el documento sólo aparece firmado por el entonces secretario Marcos Figueroa, sin la firma de los supuestos participantes.

-Fiscalía destacó un dato considerado especialmente relevante: el acta fue incorporada al expediente recién el 1° de septiembre de 2021, aproximadamente nueve meses después de la supuesta reunión y con posterioridad al fallecimiento del abogado Néstor Nóbile, quien aparecía mencionado en el documento como una de las personas que habría prestado conformidad al acuerdo.

-Según la Fiscalía, esa circunstancia adquiere especial importancia porque, entre la fecha de la supuesta reunión y la incorporación del acta al expediente, falleció quien podía confirmar o negar directamente el contenido atribuido al documento.

Entre los elementos mencionados como indicios de que el delito se habría cometido figuran también informes de trazabilidad elaborados durante el período de restricciones sanitarias por Covid, que no registrarían el ingreso de algunos de los supuestos asistentes al edificio judicial; análisis técnicos sobre el archivo digital del acta; declaraciones de empleados judiciales; y testimonios de familiares de Néstor Nóbile, quienes afirmaron que el abogado permaneció con ellos durante la mañana del 10 de diciembre de 2020 debido a que era su cumpleaños.

-El Ministerio Público Fiscal interpreta que el documento fue utilizado para respaldar decisiones adoptadas dentro del incidente de ejecución de sentencia, particularmente aquellas relacionadas con la liberación y transferencia de fondos millonarios.

-Siempre en base a la reconstrucción de la irregularidad que hace Fiscalía, el ex juez Ruta se apoyó en la supuesta existencia de un acuerdo entre las partes para considerar consentidas determinadas resoluciones judiciales y avanzar con movimientos de dinero en favor de Codapri S.A.

-Por ello, la Fiscalía atribuyó a Agustín Ruta y Marcos Figueroa, en carácter de coautores, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, mientras que a Juan Cruz Domínguez le imputó falsedad ideológica, aclarando que se trata de una calificación legal provisoria.

La voz de los defensores de los imputados

Las defensas cuestionaron la hipótesis de la Fiscalía desde distintos enfoques.

-La defensa de Domínguez, ejercida por Hugo Scarzo, planteó la “atipicidad manifiesta de los hechos”, es decir, sostuvo que, aun tomando como ciertos los hechos descriptos por la Fiscalía, estos no configuran delito ni encuadran en los tipos penales imputados.

-Scarzo afirmó que el acta careció de efectos perjudiciales dentro del expediente civil y argumentó que el documento no fue determinante para las resoluciones vinculadas al movimiento de fondos.

- El defensor de Ruta sostuvo que las actuaciones atribuidas al ex magistrado se encuadraron en el ejercicio de sus deberes jurisdiccionales y remarcó la diferencia entre el decreto judicial dictado por el juez y la constancia confeccionada por Secretaría.

-Por el lado de Marcos Figueroa, la defensa oficial no formuló objeciones a la formulación de cargos, al considerar cumplidos los requisitos previstos en el artículo 110 del Código Procesal Penal, aunque dejó expresamente aclarado que ello no implicaba admitir los hechos ni la participación atribuida a su asistido.

Lo que resolvió la jueza 

Tras escuchar a las partes, la jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos e hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía.

Los imputados deberán presentarse a firmar una vez por mes el libro de procesados durante 120 días, con el objeto de asegurar su sujeción al proceso mientras continúa la investigación penal preparatoria.