La defensa de Martín Bastías denunció una “persecución política” tras la imputación

La causa judicial contra el concejal de La Punta, Martín "Tincho" Bastías, sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia de formulación de cargos realizada en los tribunales de la ciudad de San Luis. Allí, el abogado defensor Alejandro Cordido aseguró que su cliente quedó imputado únicamente por el delito de amenazas y denunció que detrás del expediente existe una “persecución política”.

Según explicó el letrado, la investigación había comenzado por presuntas amenazas y lesiones, pero finalmente la fiscalía solo avanzó con la acusación vinculada a amenazas.

“De esos dos delitos que se investigaban, solo por el delito de amenazas finalmente se solicitó y se admitió la formulación de cargos”, sostuvo Cordido al término de la audiencia.

El abogado también remarcó que la jueza de Garantía instó a la fiscalía a investigar una denuncia presentada por el propio Bastías contra quien figura como presunta víctima en el expediente.

Para la defensa, esa situación expone contradicciones dentro de la causa. “Los mismos hechos que fueron ponderados para avanzar en la formulación de cargo por amenazas fueron desechados para avanzar por el otro delito”, señaló.

Cordido insistió en que el trasfondo del conflicto es político y vinculó el origen de la causa a la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Punta, realizada el 5 de marzo.

“Estamos frente a una persecución política. Esta es una causa política”, afirmó el abogado.

Según explicó, el episodio comenzó durante una discusión dentro del recinto y cuestionó que no se haya aplicado ninguna sanción reglamentaria contra el edil durante aquella sesión.

“No hubo ninguna sanción, ni siquiera un llamado al orden. Nadie pidió ninguna medida disciplinaria”, remarcó.

La defensa sostiene que los hechos ocurrieron dentro del ámbito parlamentario y que Bastías contaba con inmunidad legislativa por su cargo. En ese sentido, Cordido advirtió que “es sumamente grave que se vulneren esos fueros”.

Además, apuntó directamente contra sectores del oficialismo puntano y deslizó que la maniobra tendría respaldo político desde la conducción municipal de La Punta.

“O hay una ignorancia supina del reglamento y la Constitución, cosa que descartamos, o evidentemente hay elementos que harían presumir que esto se trata de una persecución política”, concluyó.