Deudores alimentarios de San Luis no podrán entrar a canchas de fútbol

Una nueva restricción nacional alcanzará a los deudores alimentarios de San Luis: quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) podrán ser impedidos de ingresar a estadios de fútbol en cualquier punto del país. La medida surge de la ampliación del programa Tribuna Segura, que ahora incorporará controles sobre registros provinciales y nacionales vinculados al incumplimiento de cuotas alimentarias.

La modificación quedó plasmada en la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que suma una nueva causal de restricción para el acceso a espectáculos futbolísticos: estar inscripto como deudor alimentario moroso.

En la práctica, el sistema permitirá que los controles en los accesos a las canchas verifiquen si una persona figura en registros oficiales de morosos alimentarios. Si mantiene deuda o continúa incumpliendo resoluciones judiciales, podrá ser excluida del evento deportivo.

La medida tendrá impacto directo en San Luis porque el sistema nacional integrará información proveniente de los registros provinciales. De esta forma, una persona incluida en el padrón local podrá ser detectada automáticamente al intentar ingresar a un estadio.

Según datos oficiales, la incorporación de estos registros suma cerca de 13 mil personas al sistema de control federal. El Gobierno nacional argumentó que busca unificar criterios y extender mecanismos que ya se aplicaban en algunas jurisdicciones.

En San Luis, integrar el RDAM ya generaba consecuencias administrativas importantes. Las personas registradas pueden quedar impedidas de acceder a cargos públicos, participar en concursos estatales, contratar con el Estado o completar determinados trámites oficiales. Además, en numerosas gestiones se exige presentar el certificado de libre deuda alimentaria.

Hasta ahora, el programa Tribuna Segura estaba enfocado principalmente en personas con antecedentes penales, causas vinculadas a violencia en espectáculos deportivos o conductas consideradas riesgosas para la seguridad. Con esta ampliación, el Gobierno suma una nueva herramienta de presión para exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias.