Tutores de la Escuela Serranías Puntanas exigen respuestas a Educación por una denuncia

La preocupación se instaló con fuerza en la comunidad de la Escuela “Serranías Puntanas” —ex Generativa “Luis B. Lusquiños”—, luego de que un grupo de familias presentara hoy un escrito formal ante el Ministerio de Educación provincial exigiendo explicaciones urgentes.

El reclamo de los padres surge a partir de una denuncia penal realizada por la especialista, licenciada y profesora Claudia Ochoa, la cual tramita en el Ministerio Público Fiscal bajo la carátula PEX 485429/26. La presentación judicial apunta directamente contra Diego Gonzalo Muñoz y Edgar Alejandro Guiñazú por la presunta comisión de los delitos de usurpación de título, autoridad y ejercicio ilegal de la profesión.

Según relataron los familiares de los alumnos, la denuncia sostiene que el coordinador de la escuela firmó boletines de calificaciones actuando en calidad de director, a pesar de no contar con la formación pedagógica que la legislación vigente exige para ocupar dicho cargo. Esa misma falta de habilitación, de acuerdo a lo planteado, habría sido reconocida por el propio Ministerio de Educación en una respuesta enviada a la Justicia.

Asimismo, el escrito entregado por los padres cuestiona la situación de Edgar Guiñazú, quien presuntamente se presentó ante la comunidad escolar con un título universitario que, según la presentación legal, no posee. Para las familias, esta acumulación de irregularidades pone bajo un manto de duda la validez legal de las certificaciones y los boletines emitidos por la institución educativa en el último tiempo.

La difusión del caso encendió las alarmas entre las más de cien familias que envían a sus hijos al establecimiento. El temor es concreto y directo: temen que las fallas administrativas y las designaciones irregulares terminen perjudicando el futuro de los estudiantes a la hora de querer continuar sus trayectorias escolares, ingresar a la universidad o presentarse a un puesto de trabajo.

En el texto ingresado esta mañana al Ministerio, las familias acusaron una falta de control y supervisión por parte del Estado provincial. Señalaron que el conflicto escaló hasta los tribunales debido a la ausencia de respuestas institucionales previas, advirtiendo que hoy son los propios chicos quienes quedan expuestos a las consecuencias de una deficiente gestión administrativa.

Frente a este escenario, la comunidad educativa solicitó formalmente que la cartera educativa informe con claridad cuál es el estado legal y administrativo tanto de la escuela como de las personas denunciadas, asegurando las garantías para que ningún alumno se vea afectado en su trayectoria. En paralelo, demandaron la convocatoria a una reunión urgente con autoridades ministeriales y los involucrados para llevar certezas a los hogares.

“Entendemos que la investigación debe seguir su curso en la Justicia, pero el gobierno no puede mirar para otro lado mientras cientos de familias viven con incertidumbre”, expresaron los firmantes en la nota. Mientras tanto, el conflicto vuelve a poner en evidencia las fallas en los mecanismos de control público que afectan a sectores de la educación autogestionada en San Luis.