Ratifican el procesamiento de Ricardo Bazla por la "desaparición" millonaria del maíz

El Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes dio un paso decisivo en una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos tiempos. Los magistrados María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera, rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa de Ricardo André Bazla, confirmando que el ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión deberá enfrentar un juicio por su responsabilidad en el manejo irregular de bienes estatales. 

La resolución judicial ratifica que Bazla está imputado por los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y peculado, además de incumplimiento de sus deberes como funcionario, todos vinculados a la disposición indebida de una cosecha de maíz bajo custodia oficial.  

El caso se centra en la desaparición de una producción agrícola de casi 2.000 hectáreas en el predio conocido como El Caburé, una maniobra que habría implicado una cifra superior a los 2 millones de dólares. 

El caso

Según la investigación, hay pruebas contundentes que indican que Bazla habría formado parte de una estructura administrativa dedicada a desviar estos recursos. Aunque en instancias anteriores se habían barajado figuras penales adicionales como hurto, estafa procesal y falsedad ideológica, el Tribunal de Impugnaciones decidió circunscribir la acusación a los delitos de corrupción pública y malversación, entendiendo que el núcleo del reproche penal reside en el aprovechamiento ilícito de bienes que el Estado debía proteger.  

La defensa del ex funcionario intentó anular el proceso argumentando una supuesta falta de claridad en la plataforma fáctica y presuntas irregularidades en la notificación de los cargos. Sin embargo, los jueces de impugnación fueron tajantes al señalar que Bazla, quien posee formación profesional como abogado, tuvo pleno conocimiento de los hechos investigados y ejerció su derecho de defensa durante toda la instrucción ante el juez de garantías Alfredo Cuello.

La justicia desestimó así los argumentos de "confusión" de roles, asegurando que existe evidencia suficiente para sostener que el imputado conocía la procedencia pública del maíz y participó en las decisiones que permitieron su salida del control estatal.  

Una estructura bajo sospecha

Más allá de la figura central del ex secretario de Ética Pública, la causa deja al descubierto red de poder que habría facilitado la ingeniería administrativa y operativa para el desvío de la cosecha. 

En la trama aparecen apuntados funcionarios de primera línea, como el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Estado, Víctor Endeiza, señalado como el presunto responsable intelectual del plan. A esto se suma el rol de los ministros Federico Trombotto y Gonzalo Amondaraín, junto al asesor Diego Amondaraín, quienes habrían garantizado la logística y la cobertura necesaria desde sus respectivas carteras para que la millonaria producción de maíz fuera retirada del control provincial sin dejar rastros inmediatos. 

Con el procesamiento firme, la investigación se encamina a determinar cómo funcionó este andamiaje político que permitió que el hombre encargado de controlar la ética en la provincia terminara sentado en el banquillo de los acusados. 

Habrá que ver qué sucede y cómo se procede con el resto de los señalados. Por ahora, se constató un hecho gravísimo: uno de los funcionarios "estrella" de Claudio Poggi, salpicado hasta el hueso con una brasa ardiente que revela un entramado oscuro de corrupción y poder.