El Caburé: buscan callar a las víctimas para proteger a Endeiza y Trombotto
La Fiscalía de Estado solicitó revocar las querellas particulares en una movida que busca frenar el avance de pruebas.
En un giro que pone en jaque la ética pública, la Fiscalía de Estado, representada por Flavio Ávila, presentó un pedido formal para expulsar del proceso penal a los querellantes particulares: Enrique Vaira y el Establecimiento "El Caburé".
La maniobra, calificada como un intento de salvaguardar a los verdaderos ideólogos del robo del maíz, busca evitar que las víctimas sigan aportando pruebas que comprometan a la cúpula del Gobierno.
El eje del conflicto radica en la contradicción de las teorías del caso. Mientras la fiscalía sostiene que el Estado era el poseedor del campo , las querellas han demostrado que la posesión y la propiedad del cereal pertenecían a los privados.
Esta "doble acusación" es la excusa legal utilizada por el Estado para intentar silenciar a quienes evidencian que el operativo no fue un error administrativo, sino un plan orquestado para desvalijar una cosecha valuada en más de 2 millones de dólares.
Pruebas que el Fiscal se niega a ver
La protección judicial parece extenderse hacia Víctor Endeiza, actual Ministro del Superior Tribunal, y el ministro Federico Trombotto. Existen pruebas contundentes de que el "convenio de colaboración" entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Ética —utilizado para justificar el accionar de Ricardo André Bazla— fue antedatado fraudulentamente en agosto de 2024 para encubrir hechos de abril del mismo año.
A pesar de que constan mensajes de WhatsApp, documentos falsos (como la inexistente resolución N° 12) y testimonios de empleados que denunciaron presiones y ofrecimientos de cargos a cambio de mentir, la Justicia parece actuar bajo una "ultra presión" oficial.
El fiscal de la causa ha sido señalado por omitir audios de Diego Amondarain donde se planeaba sacar el maíz sin cartas de porte ni controles, dejando solo a Bazla, mientras se desvincula al resto de la cadena de mando.
La Justicia de San Luis, ante un abismo institucional
El pedido de revocación no solo es un ataque al derecho de defensa, sino una burla a la sociedad. La Fiscalía de Estado, que debería velar por el patrimonio público, actúa aquí como abogado defensor de los imputados, pidiendo que se aparte a quienes denuncian el saqueo.
Esta situación de vulnerabilidad extrema, donde la justicia es manipulada para la persecución política y el encubrimiento de una "banda de cuatreros", ha llevado a plantear -desde distintos sectores- la necesidad de una "intervención federal".
En un San Luis donde se ingresa a los campos con falso poder de policía y protección oficial, la indefensión de los ciudadanos frente al aparato estatal parece haber alcanzado un punto de no retorno.
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