El Caburé: el fiscal Leandro Estrada intenta apartar a los denunciantes del robo

La causa judicial que investiga el millonario despojo en el establecimiento rural "El Caburé" suma un nuevo paso, que pretende ser un vuelco fuerte. El Fiscal de Instrucción N° 4 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, busca revocar la participación en el legajo de los querellantes. 

Con esta polémica decisión, que fuentes cercanas al caso vinculan con presiones ejercidas desde sectores ligados al poggismo, el funcionario judicial pretende apartar del proceso penal a los abogados y damnificados directos que impulsaban la acusación.  

La trama de fondo rememora la expropiación del campo por parte del Gobierno provincial. El predio quedó inicialmente bajo la órbita de la entonces Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, conducida por Ricardo André Bazla. 

Sin embargo, bajo una flagrante contradicción con el nombre del organismo, las investigaciones exponen el robo de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares, la cual pertenecía legítimamente a los productores que alquilaban el establecimiento y que habían sembrado con fondos propios, y no al Estado. 

El fiscal Leandro Estrada, el ministro Víctor Endeiza y el procurador Sebastián Cadelago Filippi.

Según los desprendimientos de la pesquisa, uno de los autores intelectuales del millonario saqueo habría sido el actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia y entonces Fiscal de Estado, Víctor Endeiza. 

Bazla fue el encargado de ejecutar materialmente la maniobra, contando además con la complicidad clave del ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, para falsificar datos oficiales, el asesoramiento de Diego Amondarain para el traslado del grano "en negro" evadiendo controles fiscales, y la participación del productor Francisco Anselmi en la trilla sospechosa.  

Para justificar la polémica exclusión de las víctimas del expediente penal, el fiscal Estrada argumentó una supuesta "desconexión" entre la plataforma fáctica de los denunciantes y el objeto procesal delimitado por el Ministerio Público. 

Según la resolución judicial, dado que el inmueble había sido recuperado por la provincia, el bien jurídico primordialmente afectado sería el patrimonio de la Administración Pública y no la propiedad de los particulares, acusando a la querella de querer "apropiarse de la acción penal pública". 

De este modo, y bajo el paraguas técnico de evitar una "pluralidad de partes acusadoras", la fiscalía le soltó la mano a los productores estafados, despejando el camino judicial en favor de los altos funcionarios políticos imputados.  

En los pasillos del edificio de la Segunda Circunscripción con sede en Villa Mercedes, muchos coinciden en señalar las fuertes presiones que a Estrada le estarían llegando desde allegados al ministro del Superior Tribunal Víctor Endeiza y del procurador general Sebastián Cadelago Filippi serían el desencadenante del nuevo capítulo del culebrón de "El Caburé".

Precisamente, las sospechas que recaen sobre el ministro Víctor Endeiza han puesto en situación de escándalo a la Corte puntana, en lo que se configura en un hecho sin precedentes en los anales de la justicia de San Luis. "No hay un antecedente en la historia del Superior Tribunal de San Luis, que un integrante haya estado implicado o sospechado en un hecho delictivo", dijo un penalista de vasta experiencia ante la situación que "incomoda" en la justicia puntana.