“Rechazamos que la Constitución se modifique según la conveniencia del poder"

"No estamos en contra de reformar la Constitución. Estamos en contra de reformarla de esta manera". Con esa frase el senador provincial Hugo Omar Olguín fundamentó el rechazo del Bloque de Senadores Justicialistas al proyecto que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de San Luis.

Olguín fue el encargado de exponer la posición del justicialismo en el Senado y advirtió que la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial carece de un diagnóstico institucional previo, deja afuera el problema municipal, habilita la extensión de mandatos ya conferidos y establece reglas que podrían aplicarse de forma selectiva sobre futuras candidaturas.

"Si la Comisión era necesaria, debía funcionar"

El primer cuestionamiento del bloque es la ausencia de un estudio previo que justifique la reforma. En 2024 la Legislatura sancionó por unanimidad la Ley XIII-1129-2024 que creaba una Comisión de Análisis y Conveniencia de una Reforma Constitucional con participación de mayorías, minorías, universidades, colegios profesionales e intendentes.

Esa Comisión nunca se reglamentó, nunca se reunió y nunca produjo el informe para el cual había sido creada.

"Si la Comisión era necesaria, debía funcionar. Y si no era necesaria, el oficialismo debería explicar por qué esta misma Legislatura decidió crearla. Lo que no puede hacerse es reemplazar un mecanismo institucional establecido por ley por reuniones posteriores organizadas cuando el temario ya estaba definido", sostuvo Olguín. "Primero se escribió el proyecto y después se convocó a explicar sus ventajas. El procedimiento razonable era exactamente el inverso".

Dejan afuera el problema municipal

El segundo eje del rechazo es que el proyecto no incorpora una revisión integral del régimen municipal. Según el despacho de minoría, 9 localidades reúnen condiciones para tener Comisión Municipal y Cortaderas, Villa Larca, Nueva Galia y Los Molles deberían ser Municipalidades, pero siguen con intendentes comisionados que dependen del Gobierno provincial.

"Nos hablan de federalismo y descentralización, pero dejan afuera la autonomía concreta de nuestros pueblos. Si el régimen municipal no se incorpora ahora, la Convención tendrá constitucionalmente prohibido discutirlo", explicó el senador.

Olguín también marcó la contradicción de que uno de los principales asesores del proyecto sea el constitucionalista Cristian Altavilla, especialista en autonomía municipal. "Contar con uno de los que más estudió el tema y aun así no incorporarlo resulta difícil de explicar".

Extienden mandatos en nombre de la alternancia

El punto más áspero fue la cláusula que habilita extender hasta 2031 los mandatos de diputados, senadores y concejales elegidos en 2025. Deberían terminar en 2029 pero pasarían a durar 6 años.

"No se puede presentar una reforma como una autolimitación del poder y comenzar su implementación extendiendo mandatos. Los legisladores elegidos en 2025 recibieron del pueblo un mandato de cuatro años, no una autorización para agregarle dos años mediante una cláusula posterior", expresó Olguín. "Cuando una reforma necesita votos legislativos y al mismo tiempo les ofrece a legisladores dos años adicionales en sus cargos, existe como mínimo un conflicto político e institucional evidente".

El justicialismo aclaró que está dispuesto a discutir la eliminación de las elecciones de medio término, pero con un régimen de transición que respete los mandatos actuales. "Las reglas pueden cambiar hacia adelante. Lo que no corresponde es alterar después de la elección las condiciones bajo las cuales votó la ciudadanía".

"Reglas con nombre y apellido"

También cuestionaron la redacción del límite a los mandatos para la Gobernación. El proyecto computa el período 2023-2027 del gobernador en ejercicio, pero no es claro con mandatos anteriores.

"No afirmamos que exista una proscripción consumada. Advertimos que una Constitución no puede dejar márgenes para proscribir a unos y habilitar a otros según la interpretación política del momento. La Constitución no debe escribirse para Claudio Poggi, para Alberto Rodríguez Saá, para Adolfo Rodríguez Saá ni para ningún dirigente en particular. Los nombres pasan y las reglas quedan", remarcó.

"La Constitución pertenece al pueblo"

Olguín cerró señalando que las objeciones no son solo del PJ. Dirigentes de la UCR también plantearon dudas sobre reelección, autonomía municipal y falta de agenda amplia.

"La verdadera discusión es si estamos construyendo una Constitución para los próximos cuarenta años o una reforma funcional al calendario y a las necesidades del Gobierno actual", dijo.

El bloque votará en contra, pero se mostró abierto a discutir autonomía municipal, coparticipación, Justicia, organismos de control e inteligencia artificial. "Queremos discutir todo, no solamente los puntos elegidos por el oficialismo. Por eso, cuando no existe un diagnóstico previo, cuando se dejan afuera necesidades reales y cuando se habilitan extensiones de mandato, la responsabilidad de una oposición es decir con claridad que así, no", concluyó.