“La Constitución no se toca a espaldas del pueblo”: el PJ salió a enfrentar la reforma

El Partido Justicialista de San Luis decidió plantarse frente a la reforma constitucional que impulsa el oficialismo y llevó la discusión a un terreno que excede artículos, mandatos y mecanismos electorales: las prioridades de un gobierno frente a las necesidades de la gente.

El planteo del peronismo es directo. Mientras miles de puntanos atraviesan dificultades económicas, pérdida del poder adquisitivo y problemas laborales, el Gobierno provincial decidió poner buena parte de su estructura política detrás de una reforma de la Constitución que, según el PJ, “nadie pidió”.

La postura quedó plasmada en un extenso documento mediante el cual el justicialismo rechazó el Despacho N.º 27-HCS-2026 y pidió que el proyecto sea archivado o vuelva a comisión. Pero detrás de los argumentos jurídicos aparece una definición esencialmente política: antes de cambiar las reglas del poder, hay que ocuparse de los problemas de los puntanos.

“No existe urgencia constitucional. Existe urgencia social”, resumió el PJ.

Primero la gente

El documento pone números detrás de esa afirmación. Señala que el último dato disponible del segundo semestre de 2025 ubicó la pobreza en el Gran San Luis en el 30,1% y la indigencia en el 3,4%. También menciona una caída aproximada del 6,8% del empleo privado formal desde fines de 2023, equivalente a más de 3.500 puestos registrados perdidos.

Frente a ese escenario, el peronismo sostiene que las prioridades deberían pasar por recuperar salarios, generar empleo, asistir a las pequeñas y medianas empresas, reactivar el comercio y la industria, fortalecer la salud y la educación pública, invertir en viviendas y servicios y acompañar a los municipios.

Es allí donde el PJ intenta marcar la principal diferencia política con la administración de Claudio Poggi: qué hacer con los recursos del Estado y dónde poner las prioridades.

Una Constitución no es del Gobierno

El justicialismo aclaró que no rechaza una reforma constitucional por principio. Lo que cuestiona es esta reforma, a la que define como “improvisada, apresurada, inconsulta, desmesuradamente amplia, contradictoria y subordinada a las necesidades electorales del gobierno de turno”.

Para el PJ, la Constitución no puede convertirse en una herramienta de una administración circunstancial.

“La Constitución no es la plataforma electoral de un partido ni un reglamento que pueda adaptarse a las necesidades circunstanciales de quien gobierna”, sostiene el documento, que reclama acuerdos políticos amplios y participación efectiva de la ciudadanía.

En ese sentido, cuestionó que no se hayan realizado audiencias públicas provinciales, consultas departamentales ni mesas sectoriales abiertas antes de avanzar con una modificación de semejante magnitud.

“Los mandatos se renuevan en las urnas”

Uno de los puntos que mayor rechazo genera dentro del PJ es la posibilidad de extender hasta 2031 los mandatos de diputados, senadores y concejales elegidos en 2025, cuyos períodos originalmente deberían concluir en 2029.

Para el justicialismo, eso significaría cambiar después de una elección las condiciones bajo las cuales votó la ciudadanía.

“El elector eligió representantes por un período determinado, no otorgó un mandato abierto susceptible de ser extendido por decisión de los propios beneficiarios”, sostiene el texto.

Y remata con una frase de fuerte contenido político: “Los mandatos populares no se prorrogan entre dirigentes sino que se renuevan en las urnas”.

Una reforma con nombre y apellido

El documento también apunta contra las modificaciones vinculadas con la Gobernación. El proyecto propone limitar los mandatos e incorporar una cláusula para establecer que el período 2023-2027 del actual gobernador sea computado como su primer mandato.

El PJ considera que una Constitución debe establecer reglas generales y permanentes, independientemente de quién ocupe circunstancialmente el Ejecutivo.

“No se redacta una Constitución con nombre y apellido”, sentencia el documento.

El costo de cambiar las reglas

El peronismo también introdujo otra discusión: cuánto costará la reforma.

El proyecto contempla una Convención Constituyente integrada por 52 miembros y establece que el Ejecutivo deberá disponer las partidas necesarias para su funcionamiento, pero —según cuestiona el PJ— no determina un presupuesto máximo ni presenta una estimación de gastos o un informe de impacto fiscal.

Desde allí, el documento vuelve a enfrentar dos modelos de prioridades.

“Para este Partido Justicialista, pagar salarios dignos no es un gasto, es reactivar la economía local”, sostiene. Y agrega que mejores ingresos significan consumo en los comercios, pago de servicios, mejoras en las viviendas y mayor actividad para las pequeñas y medianas empresas.

“Pensada para la próxima elección”

El PJ finalmente pidió archivar el proyecto o devolverlo a comisión. También reclamó que cualquier futura reforma sea precedida por audiencias públicas en los nueve departamentos, participación municipal, consultas sociales, estudios técnicos independientes y un presupuesto detallado.

Pero la discusión que intenta instalar el peronismo va más allá del expediente legislativo.

Es una discusión sobre quién fija las prioridades, para quién se gobierna y qué lugar ocupa la gente cuando el poder decide cambiar las reglas del juego.

El documento lo sintetiza en una frase que funciona casi como definición política de todo el planteo:

“No es una reforma pensada para las próximas generaciones. Es una reforma pensada para la próxima elección”.