¿Por qué un policía de San Luis está con custodia federal?

El “run run” se expandió rápidamente dentro de la fuerza, pero hasta el momento no encontró una explicación oficial. Y el motivo que habría originado semejante medida agrega todavía más interrogantes.
Según trascendió en ámbitos policiales, todo se habría desencadenado a partir de un procedimiento realizado a mediados de la semana pasada en un barrio de la ciudad de San Luis. El operativo habría terminado con derivaciones tan graves como inesperadas.

La versión que circula indica que durante el procedimiento se secuestraron, entre otros elementos, dinero en efectivo y sustancias. Sin embargo, parte de ese material presuntamente incautado habría “quedado en el camino”.

La supuesta desaparición encendió las alarmas puertas adentro de la fuerza. Uno de los policías que habría participado del procedimiento puso la situación en conocimiento de sus superiores en la Jefatura de Policía y, además, habría realizado la correspondiente denuncia ante la Justicia.

A partir de allí, el episodio tomó una dimensión todavía mayor.

Como la información oficial sobre el caso es prácticamente inexistente, alrededor de la situación comenzaron a crecer distintas versiones. Una de las más delicadas sostiene que el policía denunciante habría recibido amenazas de muerte.

Ese sería el motivo por el cual se dispuso una custodia en su domicilio. Pero aparece allí otro dato que alimenta las preguntas: la protección no habría sido confiada a la propia Policía de San Luis, sino a efectivos de la Policía Federal.

¿Por qué un integrante de la fuerza provincial necesita ser protegido por una fuerza federal? ¿Qué ocurrió exactamente durante aquel procedimiento? ¿Qué elementos fueron secuestrados y cuáles serían los que presuntamente desaparecieron? ¿Hay policías bajo investigación? ¿Quién habría amenazado al denunciante?

Por ahora, las preguntas son muchas y las respuestas oficiales, ninguna.

También se desconoce públicamente qué medidas adoptó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, frente a un episodio que, de confirmarse en los términos en los que circula dentro de la propia Policía, tendría una gravedad institucional difícil de minimizar.

Porque si existen efectivos denunciados por la presunta desaparición de elementos secuestrados durante un procedimiento, el asunto no debería agotarse solamente en una investigación judicial. También correspondería determinar si se iniciaron actuaciones administrativas internas y cuál es la situación de los policías involucrados.

Mientras tanto, el silencio oficial no hace más que alimentar el “run run”.

Y queda flotando la pregunta que por estas horas atraviesa los pasillos policiales: qué pasó para que un policía de San Luis necesite que la Policía Federal lo cuide de quienes, aparentemente, podrían estar mucho más cerca de lo que parece.