El bono del Gobierno se diluyó entre deudas y comida sin reactivar el consumo

El Gobierno de San Luis concretó recientemente el pago de un bono extraordinario por única vez: 300 mil pesos para los empleados públicos y 100 mil pesos para los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Según las estimaciones oficiales, la medida supuso una inyección global de 15.000 millones de pesos, diseñada bajo la premisa de "revitalizar el mercado" local.

Al anunciar la medida, el propio gobernador, Claudio Poggi, contextualizó la urgencia del desembolso: “Es una decisión importante en un contexto de inestabilidad económica y de recaudación en baja, porque en el primer cuatrimestre la recaudación provincial ha bajado un 7%, lo cual es muchísimo, y no se ve una tendencia de revertirlo”.

Sin embargo, el meollo de la cuestión radica en que la inversión pasó prácticamente sin pena ni gloria por el comercio puntano. Lo que en los papeles de la gestión pública debía transformarse en consumo de artículos postergados, esparcimiento o contratación de servicios, terminó funcionando meramente como un salvavidas de emergencia frente al complejo escenario.

En medio de una fuertísima crisis económica, la gran mayoría de los trabajadores destinó los fondos a cubrir deudas acumuladas o, en el escenario más básico, a stockearse de mercadería y alimentos de primera necesidad.

"La verdad que el bono se recibió como un respiro, pero solo alcancé a pagar deudas. No pude hacer nada más. Es indignante", relató un lector afectado por la situación actual.

La realidad golpea de igual manera en el ámbito educativo. "En mi caso debía una factura del cable y usé el bono para ponerme al día. Con el resto, compré mercadería que de otro modo no puedo adquirir", señaló un docente. 

En el mejor de los casos, quienes cuentan con pequeños microemprendimientos paralelos —actividades que deben sostener fuera de sus horarios obligatorios porque el sueldo básico no alcanza— usaron el dinero para reponer un mínimo de stock.

El descontento también se traslada a la calidad del salario a largo plazo. "La gente gastó, sí. Pero más que paliar la cuestión, esto expone el complejo problema económico. Con esto no se revierte nada. Encima, estos montos van en negro, no van al sueldo directo, entonces después nos jubilamos con miserias", reclamó otro docente, visibilizando una queja histórica del sector estatal.

Mientras la ciudadanía espera un alivio real y sostenible que no termina de llegar, el termómetro de la calle devuelve una sensación de estancamiento. Por lo pronto, la percepción generalizada es que la política económica dominante sigue siendo la de la "motosierra" y el ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador.