Fuego, gestión y clima en San Luis: la impericia preventiva que cuesta hectáreas

Un terreno calcinado en el faldeo de las Sierras Centrales vuelve a poner en la mesa de discusión una certeza incómoda en la provincia: la prevención y el combate del fuego cayeron a niveles de impericia alarmantes tras el cambio de gestión. A partir del quiebre institucional de enero de 2024, la evidencia documental demuestra que San Luis abandonó la gimnasia preventiva y la logística coordinada que, con aciertos y errores, sostuvo la gestión de riesgos entre 2020 y 2023.

Al cruzar el archivo mediático con los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas y datos satelitales, el contraste resulta inobjetable. Mientras que en el período 2020–2023 existía una planificación previa orientada al mantenimiento continuo de picadas cortafuego, ejecuciones presupuestarias previsibles y una transferencia fluida de recursos a los cuarteles de Bomberos Voluntarios, la etapa iniciada en 2024 estuvo signada por la improvisación, la parálisis administrativa y el desarme de esquemas de respuesta rápida.

Esta falta de pericia estatal se volvió letal al cruzarse con el factor climático. Tras el repunte del régimen de lluvias a fines de 2023, el territorio provincial acumuló un volumen inédito de biomasa y pastizales. Cuando las heladas de la temporada secaron esa vegetación, San Luis quedó expuesto a un riesgo extremo de ignición. Era el momento exacto donde se requería mayor presencia del Estado para limpiar banquinas y trazar cortafuegos estratégicos. En lugar de actuar con la anticipación que caracterizó al ciclo previo, la nueva administración se enredó en auditorías paralizantes, frenó de forma injustificada los aportes económicos a las brigadas del interior y demoró las contrataciones logísticas clave.

El sesgo de las coberturas periodísticas también expone esta brecha de gestión. Mientras el canal oficial (ANSL) optó por el silencio o el maquillaje estadístico para disimular la falta de operativos preventivos, los registros de El Diario de la República e informes críticos de El Chorrillero expusieron una realidad innegable: cuarteles desabastecidos, brigadistas sobrepasados por falta de insumos básicos y una descoordinación en el área de San Luis Solidario que tardó meses en reaccionar.

La comparación de ambos períodos arroja una conclusión categórica. Antes de 2024 existía una política pública de manejo del fuego articulada con el territorio que lograba contener el daño aun en los contextos de sequía más severos. Hoy, la pérdida de hectáreas y la voracidad de los incendios no son una fatalidad de la naturaleza, sino el resultado directo de la inexperiencia, el abandono de la prevención primaria y la impericia operativa de una gestión que reaccionó tarde y mal ante una amenaza previsible.