Hospitales de la provincia: exigen que se apliquen las recategorizaciones por ley

Un nutrido grupo de profesionales que se desempeñan en distintos centros de salud de la provincia alzó la voz para denunciar el constante incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria.

La normativa, que contempla el reconocimiento y la actualización de categorías según los títulos expedidos por universidades públicas y privadas, no se está aplicando para trabajadores que revistan como licenciados pero perciben haberes correspondientes al nivel de técnicos. 

El reclamo abarca a personal de instituciones emblemáticas como el Hospital Pediátrico San Luis, el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", la Maternidad Provincial "Teresita Baigorria", la Maternidad de Villa Mercedes y diversos nosocomios del interior provincial.

Según expresan los afectados, la irregularidad persiste a pesar de que el propio Estado les exige el pago de la matrícula profesional como licenciados para ejercer sus funciones. 

Desde hace tres años, los trabajadores han iniciado gestiones tanto individuales como colectivas mediante la presentación de carpetas y expedientes formales en sus respectivas unidades laborales.

Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno provincial ha sido sistemáticamente la misma: la imposibilidad de aplicar las recategorizaciones debido al decreto de emergencia económica vigente, el cual se renueva de manera periódica. 

"Nos dicen que no hay plata por la emergencia económica, pero la Carrera Sanitaria sigue abierta para designaciones puntuales. Mientras se realizan nombramientos de especialistas médicos, quienes estamos por debajo del título de medicina quedamos completamente excluidos", señalaron a El Diario de la República. 

La falta de actualización salarial impacta de lleno en la reestructuración de escalafones —donde la mayoría busca pasar de la categoría Técnico C a Profesional D, y otros de Profesional D a Profesional F— y genera una profunda preocupación de cara a las jubilaciones.

El perjuicio alcanza de manera crítica a trabajadores próximos a retirarse, con más de 55 o 60 años, a quienes la falta de aportes sobre sus haberes reales les recortará severamente su haber jubilatorio tras décadas de servicio público.