Familias denuncian bullying y exclusión en el Colegio San Francisco de Asís

Las familias de dos alumnas de sexto año del Colegio San Francisco de Asís hicieron público un reclamo por una situación que denuncian como bullying, exclusión social sistemática y revictimización. Aseguran que desde comienzos del ciclo lectivo 2026 vienen solicitando la intervención de las autoridades educativas, pero sostienen que hasta el momento no hubo una respuesta efectiva que lograra detener el problema.

De acuerdo con el comunicado difundido por las familias, no se trataría de un episodio aislado ni de una diferencia puntual entre adolescentes. Señalan que desde principios de año las dos estudiantes, e incluso compañeros que mantienen vínculos con ellas, atraviesan una situación de exclusión que se habría sostenido en el tiempo y agravado con el paso de los meses.

Los familiares aseguran que recurrieron en reiteradas oportunidades a las autoridades del Colegio San Francisco de Asís y pusieron en su conocimiento los distintos episodios. Uno de sus principales cuestionamientos apunta a lo que consideran una falta de aplicación efectiva del Protocolo GUÍARSE de la Provincia de San Luis y de las normas internas de actuación y convivencia del propio establecimiento.

La situación habría llegado al punto de que ambas alumnas dejaron de concurrir presencialmente al colegio. Sin embargo, según denunciaron sus familias, el alejamiento físico tampoco logró terminar con el conflicto.

Durante ese período, sostienen, aparecieron nuevas y graves acusaciones contra las adolescentes. Las familias rechazaron categóricamente su veracidad y solicitaron que sean esclarecidas, al considerar que esos señalamientos contribuyeron a profundizar la estigmatización de las estudiantes dentro de la comunidad educativa.

El reclamo adquiere mayor urgencia porque las dos jóvenes transitan sexto año y están a pocos meses de finalizar definitivamente la escuela secundaria. Para sus familias, una respuesta que llegue una vez terminado el ciclo lectivo podrá eventualmente establecer qué debió hacerse, pero no permitirá recuperar los meses, actividades, vínculos y experiencias perdidas durante su último año escolar.

“Las consecuencias no pueden recaer sobre las víctimas”, plantearon en el comunicado.

Las familias cuestionan especialmente que una eventual medida de protección pueda terminar provocando que sean las propias alumnas quienes deban permanecer alejadas del establecimiento, perder presencialidad, modificar su escolaridad o resignar las actividades correspondientes a sexto año.

Advirtieron que, si quienes denuncian una situación de exclusión terminan siendo apartadas del espacio escolar, existe el riesgo de generar una nueva revictimización y reproducir la misma exclusión que se pretendía detener.

“Proteger no es apartar a la víctima para que el problema desaparezca de la vista. Proteger es intervenir sobre el problema para que pueda recuperar plenamente sus derechos”, expresaron.

Los familiares indicaron además que cuentan con documentación respaldatoria tanto de los hechos como de las diferentes presentaciones realizadas. Sin embargo, decidieron no hacer público ese material porque involucra a adolescentes y consideran prioritario proteger su identidad, intimidad y dignidad.

También aclararon que no buscan señalar ni exponer mediáticamente a otros estudiantes. “Nuestro reclamo no está dirigido contra adolescentes. Nuestro reclamo está dirigido a los adultos y a las instituciones responsables de intervenir”, remarcaron.

Ante esta situación, solicitaron una respuesta inmediata, la revisión de la actuación institucional y un análisis sobre el cumplimiento efectivo del Protocolo GUÍARSE y del protocolo interno del Colegio San Francisco de Asís. También reclamaron que se esclarezcan las acusaciones realizadas contra las dos alumnas y que se adopten medidas capaces de frenar la situación sin trasladar sus consecuencias sobre quienes vienen denunciándola.

Después de meses de reclamos, las familias pusieron el foco en un elemento que consideran determinante: el tiempo.

Cada semana que pasa es una semana menos del último año de secundaria de las adolescentes. Por eso reclaman que la respuesta llegue ahora y no cuando el ciclo lectivo haya terminado.

“Cuando dos adolescentes necesitan protección, los adultos tenemos la obligación de escuchar. Cuando sus familias advierten reiteradamente una situación, las instituciones tienen la responsabilidad de intervenir”, concluyeron.