Patrulleros chocados y fuera de servicio: los números que el Gobierno no muestra

El Gobierno de Claudio Poggi convirtió la incorporación de patrulleros en una de las principales banderas de su política de seguridad. Entregas de vehículos, fotografías de móviles cero kilómetro y anuncios sobre el fortalecimiento de la Policía se sucedieron desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, detrás de esas incorporaciones existe otra parte del parque automotor mucho menos visible: los patrulleros que chocaron, sufrieron daños o directamente quedaron fuera de servicio.

Un relevamiento de publicaciones periodísticas realizado sobre el período comprendido entre 2024 y agosto de 2026 permite identificar al menos ocho móviles policiales involucrados en siniestros viales en distintos puntos de San Luis. La cifra debe considerarse un piso: no existe hasta el momento un registro público oficial que permita conocer cuántos vehículos de la fuerza fueron accidentados durante ese período.

Los episodios tuvieron características diferentes. Hubo patrulleros que participaron de colisiones durante recorridos o procedimientos, otros que fueron embestidos por conductores particulares y algunos que terminaron seriamente dañados.

Uno de los casos ocurrió en marzo de 2025, en la rotonda de avenida Lafinur y Ruta Provincial 19, donde un móvil policial estuvo involucrado en un choque con una motocicleta. Según la publicación de Radio Total, el patrullero había permanecido detenido en el sector mientras los efectivos compraban panificados y, al intentar reincorporarse, se produjo el accidente. El motociclista, de 57 años, resultó herido. 

En noviembre de ese mismo año, otro patrullero terminó contra una luminaria en Ruta 3 Sur. La conductora, una efectiva policial, sufrió una descompensación, perdió el control del vehículo y cruzó de carril. El móvil sufrió daños en su parte delantera y las dos policías que viajaban en él debieron recibir asistencia médica. 

La lista continuó creciendo durante 2026. En junio, una Ford EcoSport chocó desde atrás a un móvil que esperaba el semáforo en avenida España y Maipú, en la capital. Al conductor particular le detectaron 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre. 

El 2 de julio, en Villa de Merlo, dos policías resultaron lesionados cuando el patrullero del Comando Radioeléctrico en el que se desplazaban hacia una emergencia chocó con una Ford Ranger en avenida Norte y Granaderos Puntanos. 

Y el 28 de julio otro móvil, esta vez perteneciente a Policía Caminera y Seguridad Vial, protagonizó un accidente con un Volkswagen Gol en la rotonda de la Autopista 25 de Mayo y Ruta del Portezuelo, frente a la Maternidad Provincial. El patrullero recibió el impacto sobre su parte trasera derecha y los dos efectivos sufrieron golpes leves. 

A esos accidentes deben sumarse los móviles dañados durante intervenciones policiales. El 14 de mayo, por ejemplo, un joven detenido pateó un vehículo oficial mientras se encontraba en el Hospital del Sur y le provocó daños materiales. 

Una flota grande, pero sin el número de los que funcionan

El contraste aparece cuando se revisa el propio discurso oficial. En junio de este año, Poggi aseguró que desde diciembre de 2023 el Gobierno “duplicó los móviles” de la Policía y presentó esa inversión como uno de los principales resultados de su política de seguridad. 

Los documentos oficiales permiten dimensionar el universo, aunque tampoco resuelven el interrogante.

Una licitación aprobada este año para contratar seguros habla de una flota policial de 1.180 unidades. Pero esa cifra no equivale a 1.180 patrulleros: incluye vehículos, motocicletas, casillas, torres vigías, cuatriciclos, monopatines, bicicletas y embarcaciones.

Y ahí aparece uno de los principales déficits de transparencia sobre el manejo del parque automotor de la fuerza.

¿Cuántos patrulleros tiene hoy la Policía de San Luis en condiciones efectivas de circular? ¿Cuántos están fuera de servicio, chocados, rotos o esperando repuestos y reparaciones?

Esos dos números, elementales para conocer el verdadero estado de la flota que se paga con fondos públicos, no aparecen discriminados en la información oficial disponible públicamente.

Incluso existen documentos que demuestran que las reparaciones son una necesidad cotidiana. En 2026, el Ejecutivo renovó un fondo rotatorio de $5 millones para la Jefatura de Policía destinado, entre otras cuestiones, a la compra de repuestos y al pago de mano de obra para vehículos que necesiten una “pronta recuperación”. 

También existe una Dirección Parque Automotor, dependiente del Ministerio de Seguridad. En julio, el Gobierno homologó contratos de servicios para tres personas destinadas específicamente a esa dependencia, por un gasto presupuestado de $8 millones. 

Sin embargo, conocer públicamente cuánto dinero existe para reparaciones no permite saber cuántos vehículos necesitan ser reparados.

El caso de El Volcán expuso el problema

Hay situaciones en las que la falta de un móvil dejó de ser una cuestión administrativa para afectar directamente el servicio de seguridad.

La Comisaría 47 de El Volcán llevaba en agosto casi tres meses sin un vehículo operativo. El Concejo Deliberante había reclamado al Ministerio de Seguridad el reemplazo de la camioneta de la dependencia por sus reiterados desperfectos mecánicos.

La consecuencia fue llamativa: según el reclamo, los policías debieron efectuar parte de sus recorridos a pie y en monopatín porque la camioneta entraba y salía del taller.

Un caso muy parecido ocurrió hace pocos días en Villa de la Quebrada, donde un vecino tuvo que traslada a los uniformados en su vehículo particular hasta una vivienda que había sido desvalijada. Esto sucedió porque la única movilidad que tiene la comisaría estaba fuera de servicio, en reparación.

Los episodios demuestran por qué el número de vehículos comprados no alcanza por sí solo para medir la capacidad operativa de la Policía.

Una cosa es contar cuántos móviles ingresaron al patrimonio provincial. Otra, bastante diferente, es determinar cuántos están disponibles cada día para patrullar las calles.

Y esa información permanece ausente.

El propio Poggi sostuvo este año, al hablar de seguridad, que a diferencia de lo ocurrido anteriormente su administración muestra los datos. “Acá no, los mostramos”, afirmó al referirse a estadísticas de delitos y resultados de la política de seguridad. 

En materia de parque automotor, sin embargo, todavía quedan dos cifras importantes por mostrar: cuántos patrulleros están operativos y cuántos permanecen fuera de servicio. 

Porque después de cada anuncio, cada entrega de llaves y cada fotografía con móviles nuevos queda una cuenta que también forma parte de la política de seguridad: cuántos de esos patrulleros siguen efectivamente en la calle.

Otro detalle que es un misterio, es saber cuántos vehículos integran la flota afectada a la custodia del Gobernador.