Jueces ficharán con una app en medio de denuncias por presiones políticas del Ejecutivo

El Superior Tribunal aumentó el control sobre magistrados y funcionarios en un Poder Judicial atravesado por cuestionamientos sobre la independencia de fiscales y jueces. La aplicación será obligatoria desde este martes, aunque el acuerdo no explica qué permisos requerirá ni si deberá instalarse en celulares personales.

El Superior Tribunal de Justicia estableció un nuevo sistema de control de asistencia que, desde el 1 de septiembre, también alcanzará a magistrados y funcionarios de las tres circunscripciones judiciales. La medida fue dispuesta mediante el Acuerdo 170, firmado el 27 de agosto, y contempla la utilización de una aplicación para registrar diariamente los ingresos y egresos.

La decisión generó molestia dentro del Poder Judicial, especialmente por la falta de precisiones sobre el funcionamiento de la herramienta y la posibilidad de que jueces y funcionarios tengan que instalarla en sus teléfonos particulares.

El endurecimiento de los controles llega, además, en un contexto especialmente sensible. Mientras aumentan las exigencias internas sobre horarios, permanencia y movimientos del personal judicial, persisten los cuestionamientos por presuntas presiones del Poder Ejecutivo provincial en causas con implicancias políticas.

La discusión, por eso, excede el fichaje. En tribunales se observa con preocupación que el control administrativo avance sobre jueces, fiscales y funcionarios al mismo tiempo que crecen las sospechas sobre interferencias políticas en investigaciones que involucran o afectan al oficialismo.

El acuerdo dispone que magistrados y funcionarios deberán registrar su ingreso dentro de la media hora posterior al horario fijado para el inicio de la jornada y marcar también su salida “a través de la aplicación informática habilitada al efecto para dispositivos móviles”.

Sin embargo, no establece expresamente si el Poder Judicial entregará equipos institucionales o si cada funcionario deberá utilizar su celular personal. Tampoco informa qué permisos solicitará la aplicación, si empleará geolocalización, qué datos recopilará, durante cuánto tiempo los conservará ni quiénes tendrán acceso a esa información.

Ese vacío abrió los principales cuestionamientos internos. La controversia no está centrada en la obligación de cumplir horarios o registrar la asistencia, sino en la eventual utilización de dispositivos privados para responder a una exigencia laboral cuyos límites todavía no fueron explicados.

El acuerdo tampoco confirma que la aplicación pueda revisar archivos, contactos, comunicaciones u otra información privada. El interrogante surge porque la resolución no especifica sus permisos, alcances ni garantías de protección de datos.

La normativa únicamente contempla que, frente a una falla técnica, falta de conectividad o imposibilidad material de acceso, deberá utilizarse un medio electrónico alternativo y regularizar posteriormente la registración. No resuelve qué sucederá si un magistrado carece de un teléfono compatible o se niega a instalar una aplicación institucional en su equipo personal.

El régimen será diferente para los empleados judiciales, quienes deberán registrar sus ingresos y egresos mediante relojes biométricos instalados en las sedes. Para ellos se fijó una tolerancia acumulada de una hora mensual: una vez superada, cada diez minutos o fracción podrán computarse como media inasistencia y generar descuentos salariales.

En el caso de los jueces y funcionarios, Recursos Humanos deberá intervenir inmediatamente cuando los registros indiquen una ausencia, para activar las subrogaciones y garantizar la continuidad del servicio. El propio acuerdo aclara que la marcación desde la aplicación no reemplaza el deber de concurrir, permanecer en el lugar de trabajo y prestar funciones efectivas.

La obligación tampoco alcanza por igual a toda la estructura. Los ministros del Superior Tribunal, el procurador general y el defensor general quedaron exceptuados de varias disposiciones generales vinculadas con registraciones y autorizaciones.

El nuevo esquema deja así una contradicción política difícil de ignorar: el Poder Judicial refuerza el control sobre la presencia y los movimientos de jueces y funcionarios, pero no ofrece la misma claridad frente a los señalamientos sobre posibles injerencias del Ejecutivo en expedientes sensibles. Los magistrados tendrán que informar cuándo entran y salen; la sociedad todavía espera saber con la misma precisión quién interviene, y con qué poder, cuando una causa roza a la política.